Anticorrupción pide ‘retomar’ la investigación de la trama ‘Enredadera’ en San Andrés y Villaquilambre con 25 implicados e investigados
La compleja investigación alrededor de la trama 'Enredadera' en León vuelve a moverse tres años después de provocar en León un 'tsunami' político al realizar una veintena de detenciones y registrar cinco ayuntamientos: León, San Andrés, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo.
La decisión de la justicia de repartir a cada territorio la investigación que permanece en el juzgado de instrucción número 2 de Badalona, hasta 30 juzgados, volverá a poner la lupa sobre la presunta corrupción para el amaño de contratación municipal. La derivada leonesa investigaba presunta concertación de los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero' con políticos y funcionarios de diversos ayuntamientos.
Hasta ahora la investigación en León apenas se ha mantenido en el tiempo desde el 2018 gracias a la acción de acusación popular que ejerce Izquierda Unida. De las dos piezas separadas que se abrieron entonces, en León y Astorga, la primera está cerrada provisionalmente al no encontra ni Fiscalía ni el juez suficientes indicios para mantener la investigación, pese a no llamar ni siquiera a declarar a los que inicialmente se consideraba imputados (antigua figura de imputado). En la de Astorga si se ha tomado testimonio a los acusados pero actualmente permanece sin decisión sobre si avanzar o cerrar.
Pero la Fiscalía Anticorrupción de Badalona sí señala a los imputados e implicados en presunta corrupción en San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, e incluso León, como asuntos a investigar. Una vez que las piezas separadas recalen en los juzgados correspondientes quedará saber qué hace entonces la Fiscalía de León o Anticorrupción de Madrid, que se encargaban de la acusación pública en las piezas de Astorga y León respectivamente, si sigue las tesis de sus compañeros de Barcelona o mantienen lo dicho hasta ahora de que en los casos leoneses no ha pasado nada.
Astorga, única pieza con investigación hasta ahora
La pieza separada de Astorga de la trama Enredadera ha sido la única en la que finalmente han ido declarando todos los implicados. La investigación se reactivó en otoño del 2020 con el llamamiento a 26 personas a declarar entre investigados y testigos, aunque por diversas causas y tras depurar un listado inicial muy cuestionado muchos lo hicieron ya en el 2021, entre ellos los principales acusados.
Los citados eran políticos, empleados municipales y empresarios para determinar si hubo o no corrupción en contratación pública en la ciudad maragata. Entre ellos estaban el exalcalde de Astorga por el PP, Arsenio García, o los empresarios José Luis Ulibarri o Ángel Luis García 'El Patatero', que fueron todos detenidos en el año 2018 en la operación policial que inició la causa.
Las declaraciones se realizaron pese a que la Fiscalía de León había pedido su archivo y todos negaron complicidades para adulterar contrataciones en el consistorio con una idéntica estrategia procesal, prácticamente solo contestar a las preguntas de sus abogados. El exalcalde de Astorga, Arsenio García, defendió la gestión en su mandato municipal (2015-2019), descargando la responsabilidad de la contratación en los técnicos municipales, pero obviando sus conversaciones telefónicas intervenidas en las que llegaba a calificar como “mafia” a la operativa de los empresarios
En la pieza astorgana también declararon los dos empresarios que supuestamente instaban a la realización de los chanchullos, José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, socios en algunas empresas de construcción y servicios. La declaración de ambos, contestando solo a las preguntas de sus abogados, coincidió en negar intentos de hacerse con contratos o configurar pliegos ventajosos para sus empresas, como se interfiere de algunas conversaciones interceptadas y que figuran en el sumario. Ulibarri descargó en su entonces socio García la responsabilidad de algunas conversaciones alegando que esos negocios no se materializaron.
A fecha de hoy la jueza del caso de Astorga no ha tomado ninguna decisión nueva sobre la investigación, si pedir más pruebas para continuar la instrucción, abrir juicio oral o cerrar la investigación. Cuatro meses ya sin novedades.
Ayuntamiento de León, cierre de investigación en pandemia y sin declaraciones
La pieza separada de León en la trama Enredadera se creó derivada de la principal de Badalona en el año 2018, entonces todavía bajo secreto y en investigación. Y tres años después está cerrada, provisionalmente salvo que aparezcan nuevas pruebas que permitan reabrirla, y sin que los que estuvieron imputados llegaran ni siquiera a declarar.
Por dos ocasiones el entonces juez de Instrucción número 1 de León, Javier Muñiz Tejerina, acordó el archivo provisional de la pieza, a petición de un fiscal anticorrupción, Jorge Andújar. El juez apuntaba que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos”.
En la pieza de León se investigaban presuntas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de León y organismos bajo su dependencia, lo que motivó su registro durante más de 12 horas en julio de 2018. En ella fueron imputados inicialmente los empresarios José Luis Ulibarri, Ángel Luis García y Miguel Hernán Manovel; el exconcejal de Obras y Deportes de León (PP), José María López Benito así como el arquitecto municipal, Miguel Martínez Puente, entre otras personas vinculadas. Finalmente ninguno ofreció su versión de los hechos en sede judicial.
Lo cierto es que la investigación no avanzó nada mientras que se abría y cerraba en diversas ocasiones, con recursos frecuentes a la Audiencia Provincial. En noviembre de 2019 se acordó el sobreseimiento provisional por un informe de la Fiscalía Anticorrupción que pedía el cierre ya que pese a lo contenido en las conversaciones telefónicas, “con el resultado de los registros practicados y expedientes de contratación pública intervenidos, no permite construir una base indiciaria con solidez suficiente para mantener que, por parte de los investigados, se hubiesen cometido los delitos contra la administración pública objeto de investigación”. Sólo un recurso de Izquierda Unida logró que se reabriera en enero de 2020.
La llegada de nueva documentación remitida por la Udef desde Badalona fue además desechada por el juzgado con el apoyo de la Fiscalía al entender que no se debía continuar con una instrucción “con un carácter meramente prospectivo, manteniendo indefinidamente el status de investigados”. Izquierda Unida apeló nuevamente el nuevo cierre decretado en abril del 2020, aunque en esta ocasión la Audiencia Provincial no les dio la razón y en noviembre desestimó el recurso y cerró, provisionalmente, toda la investigación.
Pieza de 'San Andrés', la última en llegar... ¿junto a Villaquilambre?
En octubre de 2020 el Juzgado de Badalona mandó un oficio a los juzgados de León, de testimonio de hechos que había encontrado de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, orientando a una apertura de una pieza separada sobre presunta corrupción en el tercer ayuntamiento más grandes de la provincia.
La pieza se llegó a abrir, pero como se había archivado la de León se cerró al entender el juez que si se había dejado atrás la pieza principal la secundaria debería también cerrarse, aunque fueran supuestos hechos delictivos en otro ayuntamiento distinto y cometidos por otras personas diferentes en su mayor parte. El archivo está recurrido por la acusación popular de IU en noviembre de 2020 y está pendiente de resolución por la Audiencia Provincial.
Pero, ahora, un informe de la Fiscalía Anticorrupción del 26 de mayo de este año apunta con fuerza a la pieza de San Andrés del Rabanedo. En la división de la investigación de Badalona el fiscal señala que hay 14 personas, entre implicadas (de forma genérica) o ya investigadas (al serlo formalmente) en presunta corrupción en el tercer mayor municipio de la provincia de León.
La Fiscalía señala hacia empresarios -José Luis Ulibarri, Miguel Manovel, Angel Luis García o Gerardo Feijóo entre otros- y políticos y funcionarios de San Andrés, entre los que menciona a la exalcaldesa María Eugenia Gancedo (PSOE) y los exconcejales Miguel Ángel Flórez, Santiago Blanco, Juan Carlos Fernández, Francisco Javier Gómez y José María Pérez Martínez. Cuando se reparta en los juzgados de León la documentación de San Andrés será el momento de aclarar imputaciones e implicaciones sobre preparación y contratos presuntamente irregulares.
Además, el mismo informe de la Fiscalía pide que se cree una pieza con lo investigado en el Ayuntamiento de Villaquilambre, con 11 personas como 'implicados' o 'investigados' (que no aclara exactamente en qué situación están cada uno) y que son los mismos empresarios que en San Andrés junto con el actual alcalde Manuel García (PP) y la exconcejala Mónica Varón, entre otros mencionados como el funcionario Jesús de Celis de Celis. La propia Fiscalía específica en su escrito que el número de personas y su situación procesal pueden sufrir modificaciones en el transcurso de la investigación.
Por lo tanto la situación de San Andrés es que mientras la Fiscalía Anticorrupción en Badalona encuentra evidencias para investigar presuntos delitos en los juzgados de León está ya archivada, pendiente de resolución del recurso de la acusación popular de IU.
La Fiscalía también señala una posible documentación para la reapertura incluso de la pieza de León, cerrada provisionalmente. Y es que implica a los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García en conversaciones susceptibles de ser hechos penales, que pide que se investiguen en el juzgado de León.
Sobre el resto de Castilla y León se pide apertura de pieza separada en Palencia por igualmente hechos presuntamente delictivos cometidos por los ya citados José Luis Ulibarri y Ángel Luis García. En el caso de La Cistérniga, provincia de Valladolid, la Fiscalía no ha anticipado nombres particulares pero remite documentación para su investigación.
