El Gobierno gasta 2.300 millones en rescatar y rebajar una autopista gallega mientras los dos peajes de León esperan
La nueva ministra de Transportes que sustituye desde esta semana a José Luis Ábalos, la catalana Raquel Sánchez, se ha estrenado con la aprobación ayer martes en el Consejo de Ministros de un histórico y millonario acuerdo por el que el Gobierno central asume desembolso de “más de 2.300 millones” hasta el año 2048 para eliminar el pago de los usuarios del peaje de la autopista gallega AP-9.
Se trata de un esquema de descuentos del que se beneficiarán sus usuarios y que “no sólo no tiene precedentes en nuestro país, sino que es el mayor de la historia en una autopista en Galicia y en España”, según llegó a reconocer la propia Raquel Sánchez.
Más en detalle, todos los vehículos considerados ligeros disfrutarán de una bonificación del 100% en cualquier viaje de regreso por esta autopista siempre que se realice dentro del mismo día, se libera totalmente un tramo completo y se aplicará un descuento global del 20% al final del mes para usuarios recurrentes, así como una bonificación adicional del 50% entre las localidades de Vigo y Tui. A mayores del tramo liberado, los camiones disfrutarán de una rebaja del 20% en las tarifas.
La situación contrasta notablemente con la de la vecina provincia de León, donde aún se sufren, prácticamente íntegros, dos importantes peajes por circular por dos autopistas: la que vertebra la provincia mismo entre Leon y el Bierzo, la AP-71 entre León capital y Astorga, con un elevado coste y la alternativa altamente peligrosa y en mal estado de la N-120; y la autopista AP-66 con Asturias a través del peaje del Huerna, cuya alternativa también es el Puerto de Pajares en la N-630, además muy complicada durante varios meses por la nieve y el hielo.
La segunda cuenta con algunos descuentos para conductores recurrentes entre León y Asturias, detallados aquí hace tres años por ILEÓN, descuentos de hasta el 50% para turismo y 30% para camiones que muchos usuarios habituales desconocen y no reclaman, pero que se cifran en torno a un gasto estatal de 6,5 millones de euros cada ejercicio, desde que José Luis Rodríguez Zapatero lo anunciara en 2008 en la Fiesta Minera de Rodiezmo. Inclumpliendo, eso sí, la promesa socialista de rescate total que siempre se ha defendido desde Asturias hasta cosa de hace un año, que se ha considerado ya “imposible”.
Cabe recordar que la vida de la autopista astur-leonesa es casi igual que la de la concesión que tenía la gallega ahora rescatada. En concreto, inicialmente la concesión estatal finalizaba en el año 2029 pero el ministro asturiano Francisco Álvarez-Cascos bajo el Gobierno del PP de José María Aznar, expresidente de Castilla y León, la alargó y amplió hasta 2050 muy poco antes de dejar su cartera. La gallega, por su parte, está vigente hasta 2049.
Pero la peor parte se la lleva la autopista León-Astorga, que penaliza todo el tránsito económico de transporte por carretera dentro de la provincia leonesa entre sus dos ciudades principales y en el paso por la provincia hacia las vecinas provincias y autonomías.
La AP-71, además, sigue esperando que se materialice una promesa de rebaja, con una polémica obligación de tránsito, para todos los transportes pesados. Una medida anunciada tanto por la Consejería de Fomento de la Junta como por el Ministerio en noviembre de 2017, hace ya camino de cuatro años, que desviaría de la peligrosa y saturada carretera nacional unos 700 camiones diarios, obligándoles a pasar por el peaje pagando sólo 2 euros. Una medida que no sólo no gustó al sector del transporte sino al que el Ministerio y la Junta no encontraron encaje legal, de modo que jamás se ha puesto en práctica. La única autopista íntegramente leonesa sigue siendo la menos utilizada de toda la Comunidad y la que tiene un mayor coste por kilómetro.
