MEMORIA HISTÓRICA

La ARMH denuncia ante la Junta y Fiscalía la votación contra la exhumación de represaliados en Villadangos

La asociación memorialista ve prevaricación administrativa en la actuación de la junta vecinal, dueña del cementerio donde deberían buscarse los restos mortales de 70 personas, y avisa de que la Ley de la Memoria Histórica contempla expropiaciones forzosas y temporales del terreno si se niega el derecho de las familias.

Cementerio de Villadangos del Páramo 4
Cementerio de Villadangos del Páramo y marcas del lugar propuesto de la excavación
ileon.com  | 28/08/2021 - 17:04h.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado este sábado que presentará una queja ante la Junta de Castilla y León y estudiará la posibilidad de llevar a cabo una denuncia por prevaricación administrativa ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Villadangos por "incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica". Una decisión tomada después de que los vecinos de la junta vecinal de la localidad que lleva el mismo nombre votaran ayer en contra de darles permiso para la búsqueda de más de 70 personas: una mujer y el resto, hombres, represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

La asociación memorialista ha lamentado también, en un comunicado remitido a la prensa, que "el primer teniente alcalde del PP hiciera campaña por el 'no' en la reunión de la junta vecinal previa a la votación, y que para ello indicara que ha recibido asesoría del Secretario de Estado de Memoria Democrática".

El vicepresidente de la ARMH, Marco Antonio González, lamenta que "someter el derecho de unas familias a encontrar los restos de un ser querido y enterrarlo donde decidan es como someter a votación su tras un atentado hay que reparar o no hay que reparar a las víctimas".

La intervención había sido ya autorizada por la administración competente, en este caso la Junta de Castilla y León. Incluso el vicepresidente de la misma, Francisco Igea, declaró públicamente el pasado miércoles que no existe capacidad para tomar esas decisiones en una administración local porque hay una ley nacional y otra autonómica que garantizan el derecho de las familias.

El articulado de la Ley de la Memoria Histórica del año 2007 reconoce el deber de las administraciones locales de ayudar a las familias y en caso de que pongan dificultades existe la posibilidad legal de llevar a cabo una expropiación forzosa y temporal del terreno.

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