Galicia impulsa acabar con sus bomberos privados mientras León busca 'externalizarlos'
La casualidad ha querido que los últimos retoques del PP que gobierna en la Diputación de León a un plan de extinción de incendios urbanos con parques comarcales atendidos por bomberos 'privados', no funcionarios públicos sino dependientes de una empresa intermediaria, contraste con el momento histórico que se vive en la vecina Comunidad de Galicia, donde se avanzan los pasos para convertir la gestión indirecta en profesionales públicos de la extinción de fuegos.
El sistema de gestión privada gallego, con 23 parques de bomberos 'privatizados', lo puso en marcha de Manuel Fraga en el inicio de la década del 2000. Supera ya los 15 años, no sin controversia. Tanta que, por primera vez, el PP que ahora preside Albert Núñez Feijó ha dado su primer brazo a torcer y solicitado a las diputaciones gallegas informes que justifiquen revertir por fin la situación que hace que la extinción de incendios, los rescates y otros servicios esenciales de seguridad ciudadana rural fuera responsabilidad no de funcionarios públicos -como en el resto de España- sino de empresas tales como Matinsa (filial de FCC, de Esther Koplovitz y Carlos Slim), Natutecnia o Veycar.
La primera institución en dar pasos firmes para dar la vuelta a la tortilla privatizadora ha sido la Diputación de La Coruña, ahora con un Gobierno de izquierdas, y le secundan -con menos ímpetu, pero avanzando- las de Pontevedra y Lugo. Sólo la Diputación Ourense, gobernada por el popular y populista José Manuel Baltar, se mantiene en sus trece para renovar las adjudicaciones privadas de Valdeorras, Xinzo y Verín, en un concurso que contempla una cuarta en O Carballiño.
Mapa del último Plan de Extinción desarrollado por la Diputación, con sus tres niveles de parques, los principales con bomberos 'externalizados'.
23 parques gallegos, y paga parte la Xunta
Cabe recordar que esa gestión hoy con bomberos privados en 23 parques comarcales gallegos es pagada a medias por la Xunta de Galicia y las mencionadas diputaciones, al contrario de lo que se propone en León. Aquí, tras años y años de improvisación y retrasos de Isabel Carrasco primero y su sucesor Marcos Martínez Barazón después, el actual presidente Juan Martínez Majo anunció un histórico desbloqueo de la peligrosa carencia de parques comarcales a finales del pasado año. Pero con un palo en las ruedas: la plantilla principal, 75 bomberos, serían de empresas privadas, nada de funcionarios públicos, que se consideraba “inviable”. Al contrario que justo ahora se valora en Galicia.
En León “no hay otra” fórmula, dijo Majo
En la presentación de estos planes para León, que fueron inmediatamente criticados por muchos grupos de la oposición y organizaciones de bomberos, el presidente Martínez Majo aseguró que “no hay otra fórmula”, tras mencionar dos informes externos que les daban la razón. Con ellos en la mano, el servicio laboral externalizado sería de “un tope legal” de cuatro años prorrogables por otros dos.
El PP anunció entonces la aprobación final de todo el Plan, privatización incluida, para el pasado mes de febrero pero el retraso ha puesto en duda la idoneidad aireada entonces. Majo culpó de retraso a las dudas legales que han podido surgir ahora precisamente sobre esa gestión externalizada.
Una empresa bien posicionada
Mientras se espera la definitiva postura del PP leonés, contraria a la deriva de los pioneros gallegos en esta fórmula, sólo en otro punto de España se mantienen bomberos privados: Salamanca. La provincia de la que fue presidente de la Diputación el inminente nuevo líder autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, hoy alcalde de la capital, mantiene un contrato externalizado en el parque comarcal de Villares de la Reina, que al año recibe de la Diputación una subvención de 1.333.000 euros. La empresa agraciada es Eural, encargada también de la central de emergencias 112 de Castilla y León, y beneficiaria igualmente de la gestión de parques en La Coruña y Lugo.
La Plataforma de Bomberos Profesionales, que pone el grito en el cielo por las pretensiones privatizadoras en León, recuerdan que el caso salmantino demuestra que es una falacia hablar de ahorro con este sistema de gestión indirecta, porque el parque 'gemelo' de Tordesillas conlleva sólo unos gastos por 850.000 euros.
Que el pastel de los bomberos no públicos es goloso los demuestran datos como los del parque comarcal de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Cuenta con 17 bomberos contratados por la mencionada empresa Matinsa que controlan Koplovitz y Slim. En el último contrato, en 2013, la compañía se alzó con 21 millones de euros por la gestión de este parque y otros 3 por un período de ocho años prorrogable.
Izquierda Unida, con la Ley en la mano
Entre otras voces contrarias a la pretensión privatizadora leonesa, destaca la de Izquierda Unida, que recuerda que la Ley de Presupuestos Generales del Estado “contempla una excepción en el caso del personal de extinción de incendios, permitiendo a las administraciones una tasa de reposición del 100%”.
Las organizaciones profesionales de bomberos contrarias a estas medidas recuerdan, además, que existe otro riesgo, que es el de las diferencias de derechos laborales y salariales de los profesionales. Un bombero privado puede cobrar en torno a 1.300 euros al mes (extra prorrateada- y algunos 'compañeros' funcionarios se acercan al doble. Por otro lado, un bombero 'privado' debe cumplir hasta los 67 años de edad, si es que su físico aguanta, mientras un funcionario público puede jubilarse a los 60.
Otro buen ejemplo de gestión desde lo público se sitúa en puntos como la Diputación Foral de Bizkaia. Mantiene a día de hoy una plantilla de 427 personas, entre bomberos y personal de oficina, repartidos en ocho parques (Urioste, Balmaseda, Artaza, Derio, Basauri, Gernika, Iurreta y Markina), que dan cobertura a todo el territorio.
Con mucho, la peor provincia de la Comunidad
En todo caso, cualquier comparativa con León es siempre infinitamente mejor. No en vano, la provincia leonesa, con la orografía más extensa y difícil de la Comunidad autónoma, y una dispersión de los núcleos de población sin comparación, sigue siendo con diferencia la más deficitaria en cuando a infraestructura, sin los parques comarcales desarrollados, mientras el resto de provincias -con apoyo durante años de la Junta de Castilla y León- están en condiciones de seguridad óptimas. Un ejemplo: La provincia de Soria cuenta con 10 parques de bomberos para 94.000 habitantes.
De los 80 parques actuales, sólo 2 están en León: el de la capital y el de Ponferrada. Ni siquiera existe uno en San Andrés del Rabanedo, donde la Ley de Protección Ciudadana de la propia Junta obliga a disponer de esta infraestructura. La dolorosa comparativa con otras provincias se puede seguir en esta información.
