Admiten a trámite la querella contra Turrado por acusar a Matías Llorente de “corrupto” y “prevaricador”

El presidente de Ugal-Upa, Matías Llorente (I) y el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado (D). / Carlos S. Campillo / ICAL

El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha admitido a trámite la querella interpuesta por el secretario general del sindicato agrario Ugal-UPA, Matías Llorente, también vicepresidente de la Diputación por UPL, contra el responsable de Asaja León, José Antonio Turrado, al entender que existen indicios de un delito de calumnias en las afirmaciones vertidas por éste en los medios de comunicación acusando al también vicepresidente de la Diputación de León de “prevaricador” y “corrupto”.

Los hechos se remontan al pasado noviembre cuando la Diputación publicó la resolución de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, lo que provocó las críticas de Turrado, “que, acostumbrado a recibir suculentas subvenciones de los anteriores equipos de gobierno en lo que parecía más un 'chiringuito' que un reparto justo, despotricara contra el líder de Ugal-UPA haciéndole responsable de una decisión en la que no participó”, señala en un comunicado la organización denunciante. Hay que recordar que también Asaja por este mismo motivo llegó a presentar una denuncia judicial.

El responsable de Asaja arremetió entonces públicamente contra Matías Llorente acusándole de “delinquir” por usar su cargo en beneficio del sindicato que dirige tachándole de “corrupto” y “prevaricador” y Turrado tendrá que comparecer ante la jueza en calidad de investigado y dar explicaciones, añaden.

Llorente, que respalda los criterios “más justos y más participativos” de la nueva convocatoria, lamenta que el líder de Asaja “pierda los papeles al ver cómo se desmorona su tinglado, llegando a proferir calumnias, extremo que ahora tendrá que dilucidar el juzgado”.

Ugal-UPA subraya que con el nuevo método de reparto percibe un 40% menos de fondos de los que venía recibiendo, pero que apoya los criterios al considerarlos “justos y equitativos con la realidad del sector” en la provincia de León.

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