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Caza

Denuncian por inconstitucional la Ley con la que la Junta bordeó la prohibición de la caza en Castilla y León

El recurso al Alto Tribunal parte del Defensor del Pueblo nacional, que considera que la Consejería de Fomento y Medio vulneró importantes derechos tras la sentencia judicial que impidió cazar a causa de las 'chapuzas' administrativas de la Junta.

media veda caza
Un cazador durante el inicio de la media veda de caza. / J. L. Leal / ICAL
ileon.com / ICAL | 28/06/2019 - 12:43h.

La maniobra política de la Junta de Castilla y León para bordear la dura sentencia que impedía que se practicara la caza en toda la Comunidad autónoma a causa de numerosas irregularidades administrativas, impulsando en tiempo récord una nueva Ley en el Parlamento de Valladolid, podría atentar contra la Constitución Española.

Quien así lo entiende es nada menos que el Defensor del Pueblo en España, Francisco Fernández Marugán, quien ha anunciado haber presentado ya un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de modificación de la Ley de Caza en la Comunidad de Castilla y León y contra la disposición transitoria de esta norma.

Este organismo considera que se vulnera el derecho a la tutela judicial y se intenta eludir los autos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que de manera cautelar paralizó el decreto de especies cazables y con ello la actividad cinegética. Un asunto que estalló en marzo, que causó un revuelo nacional y condicionó en gran medida la campaña de las últimas elecciones.

Una de las muchas protestas de los cazadores contra la sentencia del TSJ que impedía la caza por defectos legales de la Junta.

Cabe recordar que la nueva Ley que bordeaba las duras sentencias judiciales fue aprobada en las Cortes autonómicas en una de sus últimas sesiones, con una celeridad sin precedentes, sin votos en contra y con apoyo directo de PP, PSOE, Ciudadanos y UPL, así como la abstención de Podemos y la ausencia de IU.

Según informa hoy el Defensor del Pueblo, la Ley aprobada en las Cortes podría vulnerar algunos preceptos legales como el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por Ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta comunidad, además de permitir el ejercicio de la caza directamente por ley, con lo que "se impide el acudir a los tribunales ordinarios".

Por otra parte, dando plenamente la razón a colectivos como el Partido Animalista Pacma que impulsó la denuncia inicial que acabó en condena para la Junta, explica que se trata de "medidas adoptadas sin contar con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas". Y con ello, entiende que se vulnera la propia Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres.

El Defensor del Pueblo ve motivos de inconstitucionalidad porque esta Ley se promulga con la intención de eludir el cumplimiento de los autos del TSJ de Casilla y León que de forma cautelar paralizaron a finales de febrero la caza en esta comunidad tras suspender el decreto autonómico 10/2018 que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios.

En este sentido, el Defensor señala que "el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en repetidas ocasiones acerca de la trascendencia constitucional de las medidas cautelares y de su relación con los derechos fundamentales y en concreto con el derecho a la tutela judicial efectiva". En este caso, al elevar el rango normativo, la Institución considera que "se ha querido evitar el control por los tribunales ordinarios y así neutralizar el contenido de las resoluciones judiciales" dictadas.

Por último, en una valoración enormemente dura, el Defensor señala que los preceptos impugnados de esta Ley "vulneran el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado", al tiempo que "quebranta la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente en general y, específicamente, en materia de conservación de la biodiversidad".

En este sentido, incluso, apunta que desde el momento que la legislación autonómica vulnera la normativa básica, está incurriendo en "una violación de la competencia estatal". Y por lo tanto incurriría en inconstitucionalidad.

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