La Junta abre debate público por la futura ley de diversidad sexual y la extrema derecha arremete contra ella
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha dado los primeros pasos formales, aunque muy incipientes, para impulsar la tramitación de una futura Ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Castilla y León, a imagen de las ya aprobadas en muchas otras autonomías.
Entre esos primeros pasos, aparte de dar información inicial al colectivo que se aglutina en la Federación de Castilla y León LGTBI+, la Junta ha anunciado que ha abierto los primeros planteamientos de esta futura Ley a debate público, incorporando el asunto a la plataforma de Gobierno Abierto para que ciudadanos y todo tipo de colectivos puedan valorar su contenido. El texto y esa participación se pueden consultar y ejercer aquí. Una participación que algunos colectivos de extrema derecha han aprovechado ya para censurar su contenido.
Hay que recordar que el nuevo Ejecutivo bipartito de PP y Ciudadanos decidió presentar su proyecto en vez de respaldar la proposición de ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, registrada hace dos semanas en las Cortes por los grupos Socialista y Mixto, mientras que Ciudadanos se descolgó de una iniciativa que sí apoyó en la pasada legislatura pero que quedó bloqueada por el PP.
Y es que este asunto plantea un problema entre los dos socios de Gobierno. Porque mientras Ciudadanos sí fue favorable a su aprobación en la pasada legislatura, el PP se opuso en numerosas ocasiones, aduciendo que habría que esperar a que se aprobara una regulación de carácter estatal, una postura muy criticada por los colectivos por la diversidad sexual y sus derechos.
Sin embargo, el pasado año 2018 el PP se quedó sólo en una votación, perdiéndola finalmente, cuando se aprobó en las Cortes autonómicas tomar en consideración la proposición de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad. Los 44 votos en contra del PP no fueron suficientes ante los votos favorables de toda la oposición, sumados al 'sí' que votó la entonces presidenta de las Cortes por el PP, Silvá Clemente, que justificó después en un error.
Con esa premisa, y la oposición nuevamente intentando forzar un compromiso de la Junta, ahora cogobernada por PP y Ciudadanos, la directora general de Familia, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, ha mantenido los primeros contactos con los representantes de FECyLGTB+, reuniones en las que han participado representantes también de las Consejerías de Sanidad y Educación.
En una primera reunión se informó del contenido del proyecto, que se les traslada para que realicen las aportaciones que consideren, si bien se indica que se mantendrán otros encuentros con profesionales y expertos, además de valorar lo que en el portal del Gobierno Abierto se plantee hasta que finalice el plazo de exposición, el próximo 2 de octubre.
Duros comentarios críticos
De momento, en este foro se puede comprobar que en apenas unos días de exposición hay 'avalancha' de críticas al contenido inicial de la nueva Ley. De hecho, la aportación más valorada ahora mismo es del Foro de la Familia de Castilla y León, que argumenta en cuatro puntos su oposición supondría una “amenaza para la libertad” y “sería innecesaria por redundante”, provocando “inseguridad jurídica”. A colación de esta aportación, se comentan detalles como que “una ley que privilegia a un grupo social sobre otro en aras a su condición sexual, no sólo es una aberración, sino que podría caer en prevaricación”.
“¿Qué pasa con los que no somos gay y lesbianas y por eso nos sentimos discriminados por el lobby LGTBI?”, se pregunta otro de los participantes en este foro público de la Junta y que, como en casi todos los casos, no se identifica sino que asume un perfil anónimo.
En su comparecencia en las Cortes, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Banco, se comprometió a presentar un proyecto de ley de diversidad sexual “de consenso” y que “dure y perdure” en el tiempo. Blanco explicó que garantizará en el ámbito de las competencias de la Comunidad (sanidad, educación y servicios sociales) el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.
Precisamente, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, argumentó que la tramitación de ese proyecto de ley es posible ahora después de que haya decaído la ley nacional que se negociaba en el Congreso de los Diputados, con el fin de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones. Esta situación era la que alegaba el PP el pasado mandato para paralizar la Ley autonómica.
