Todos los altos cargos de la Junta estarán obligados a no aceptar comidas, regalos o entradas y deberán mostrar sus agendas

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León, tanto en las consejerías como en el resto de áreas de las provincias, estarán obligados a hacer públicas la totalidad de sus agendas de trabajo, no podrán aceptar invitaciones de comidas o entradas a cualquier espectáculo y tampoco regalos o gratificaciones de ninguna clase. Y además, se limitará el uso de los coches oficiales en el marco del compromiso de transparencia y austeridad comprometido en el programa de Gobierno de coalición de PP con Ciudadanos.

Este es el contenido grosso modo del nuevo Código Ético y de Austeridad dado a conocer en el Consejo de Gobierno por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, que explicó que se endurece para los altos cargos: miembros de la Junta, consejeros delegados o gerentes y asimilados de las muchas empresas públicas.

Como novedad, Igea detalló la obligación de que todos los altos cargos hagan pública su agenda de actos o reuniones de trabajo, con expresa indicación de su objeto y en el marco de una plataforma de publicación. También se les prohíbe formar parte de mesas de contratación o comisiones de valoración de las solicitudes presentadas en los procedimientos de concesión de subvenciones, para evitar tentaciones.

Por otro lado, como criterio general, no podrán aceptar la invitación a comidas o entradas a espectáculos, ya sean deportivos lúdicos o culturales, que habrán de pagar de su propio bolsillo, ni tampoco recibir regalos, que en el caso de ser de poca entidad quedarán en posesión de la Consejería. En este punto, puso como ejemplo que si se recibe un regalo de una ONG, se recogerá por cortesía, pero se deja a disposición de su departamento.

Solo el presidente y los consejeros del Gobierno autonómico tendrán asignado un coche oficial de manera exclusiva, si bien los altos cargos que residan fuera podrán contar con vehículo oficial para desplazarse al lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible, y además la norma apuesta por utilizar un transporte alternativo.

El Código Ético se envía ahora a las Cortes de Castilla y León, como comunicación del Gobierno para su debate, como señala la Ley de Transparencia, para que sea más adelante ser definitivamente aprobado por la Junta.

Transparencia

Además, también se anunció el impulso a la nueva Ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, que extenderá su ámbito de aplicación a las entidades locales, universidades, instituciones propias de la Comunidad y a todas las entidades de carácter público, además incluirá un régimen “claro y conciso” de sanciones a quienes no atiendan, o no lo hagan dentro del plazo legal marcado, a las peticiones de información de cualquier ciudadano o entidad. Eso en el último año conllevaría multas a más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia de León, por ejemplo.

Igea también detalló algunas de sus novedades, que hoy inician su tramitación en el Portal de Gobierno Abierto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, precisó que el anteproyecto estará en consulta pública previa hasta el 18 de noviembre y explicó la necesidad de contar con una nueva Ley, en vez de modificar la aprobada en 2015, que admitió que no se cumplía en su totalidad, por ejemplo, sancionando a los infractores, para dar respuesta a todas las acciones surgidas después.

Precisamente, uno de los principales objetivos es que la nueva norma sea de aplicación a entidades locales, instituciones propias de la Comunidad (es decir, Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social), corporaciones de derecho público, personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos y todo tipo de centros concertados que, por lo tanto, reciben dinero público, tales como la mayor parte de los colegios privados.

Otro motivo de la necesidad de una nueva Ley es la de establecer un régimen sancionador “claro y conciso” que en la actual no existe, destacó el vicepresidente y titular de la Consejería impulsora de esta normativa, quien se congratuló de este impulso de la transparencia.