El pacto de reconstrucción de Castilla y León excluye la comisión de residencias y propone 250 millones más para sanidad
PP, Ciudadanos y PSOE ya han alcanzado un pacto de reconstrucción para la Castilla y León pos-Covid. El acuerdo será firmado este miércoles y en este martes los grupos mayoritarios de la Comunidad se lo han presentado al resto de grupos políticos con representación -Podemos, UPL, Por Ávila y Vox- para intentar que se sumen al acuerdo.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, no se recoge una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores sino que la bloquea ya que acuerda que la Junta elabore un informe de las incidencia, actuaciones y resultados llevados a cabo durante la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores de la Comunidad. Este informe, que elaborará el gobierno autonómico de PP-Cs, será llevado luego a la comisión parlamentaria ordinaria de asuntos sociales.
La comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias ya ha sido pedida por Podemos en sede parlamentaria, pero ahora el acuerdo de reconstrucción lo limita a un informe y a su análisis parlamentario. Este periódico publicó todos los documentos de la Junta de Castilla y León en la que se abordaba la gestión de las residencias en el pico de la pandemia, en la que se pedía no derivar residentes.
Fuentes cercanas a las negociaciones confirman que se impuso como condición que se excluyera cualquier posibilidad de llevar a una comisión de investigación la actuación en las residencias a cambio de ceder el Ejecutivo en otros asuntos del ámbito social y sanitario. Podemos ni siquiera ha podido intervenir en la negociación de este punto ni de ningún otro, ya que los partidos minoritarios que integran el Grupo Mixto (Podemos, UPL, X Ávila y Vox) han conocido las medidas de este pacto durante la mañana de este martes.
El documento parte de la creación de un 'Grupo de expertos de Sociedad de la Comunidad' que estará formado por personalidades de “reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos campos de actividad” y en los que estarán conformes los firmantes.
La misión de estos expertos consistirá en elaborar propuestas y emitir opinión sobre las cuestiones que se le planteen por los titulares de los distintos centros directivos de la Junta de Castilla y León. El Grupo, tras un análisis elaborará un documento con una propuesta de actuaciones para la toma de decisiones que deban adoptar los órganos competentes. Para el desarrollo de su trabajo, podrá llamar a especialistas o colectivos de interés.
Se constituirá además una Conferencia de la Sociedad de la Comunidad, convocada por la Junta y constituida por integrantes de los distintos ámbitos institucionales, sociales, económicos, culturales y educativos de Castilla y León para que, sobre la base de las conclusiones elaboradas por el Grupo de Expertos a partir de las orientaciones de los centros directivos de la Administración, se reivindique o perfeccione en un documento que constituya un análisis y una propuesta de actuación de carácter técnico en las materias oportunas como consecuencia del nuevo escenario que se abre tras la crisis COVID-19.
Por otro lado, se solicitará al Consejo de Cuentas que incorpore a su plan de 2021 la fiscalización de la contratación realizada así como de las actuaciones de gestión llevadas a cabo por la Junta durante la crisis sanitaria. Se menciona además el compromiso por la transparencia, la evaluación de las políticas y la rendición de cuentas, que afectará a la Administración Autonómica y “se propondrá e impulsará ” a las Diputaciones y a los municipios de más de 20.000 habitantes.
En el apartado de Sanidad “con criterios de calidad y equidad”, destaca la orientación de las dotaciones económicas, “con carácter prioritario”, a asegurar los equipos de protección necesarios, los suministros de material, equipamiento técnico, las retribuciones de los profesionales, los test de diagnóstico, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de los recursos sanitarios que fueran recomendables y el reforzamiento del los servicios de apoyo vinculados a la crisis COVID-19. En resumen, la Junta tratará de estar preparada ante un rebrote.
Calidad y equidad del modelo sanitario
Por otro lado, se abordará el modelo de ordenación sanitaria de la Comunidad sobre la base de la “calidad y equidad” de la asistencia considerando aspectos sociales y territoriales y teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia y la evolución del sistema sanitario en los últimos años. Aunque no lo menciona expresamente, se trata de evitar situaciones como las vividas en Soria y Segovia, donde la débil estructura sanitaria se hizo evidente desde el inicio de la pandemia.
En cuanto al nuevo modelo de Atención Primaria, se trabajará en adaptarla y asegurarla, garantizando la seguridad de profesionales y pacientes en centros de salud y consultorios. Estos abrirán pero con un triaje telefónico previo, dice el documento. Habrá un periodo de tres meses, mientras se avanza con la definición del nuevo modelo, en el que no se implementarán reformas estructurales.
250 millones para recuperar la Sanidad y prepararla para un rebrote
La Junta dotará de un fondo de 250 millones a la “recuperación de la sanidad”, considerando la incidencia territorial de la pandemia y que reforzará la Atención Primaria para hacer frente a la desescalada. Incluirá la contratación de profesionales y suministros, epidemiólogos y profesionales de medicina preventiva y la mejora de la estructura y dotación de las UCIs, Unidades Medicalizadas de Emergencias y de Soporte Vital Básico -como los respiradores que tanto costó conseguir en el pico de la pandemia-. Se trabajará además en estrategias ante un rebrote, humanización de cuidados o investigación.
En cuanto a la “recuperación de la economía y el empleo”, se establecerán “nuevas medidas de choque” para favorecer el empleo d elas personas y colectivos más afectados por la crisis. La Junta pedirá que se mantengan las “transferencias finalistas” a recibir por la Comunidad, correspondientes a políticas activas de empleo. Habrá además un incremento de la dotación para la mejora de la liquidez de autónomos y pymes. No hay demasiada concreción en las estrategias, pero no olvida a ningún sector, desde el de la automoción al de la agricultura. Además se repiten compromisos electorales, como el de la extensión de la banda ancha y la telefonía móvil en el medio rural.
Revisión del modelo de residencias
En “Protección social”, tampoco hay demasiadas novedades. El primer punto es revisar el Modelo de Atención Residencial para adaptar el mismo a las nuevas circunstancias. Contempla un “refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de nuevas tecnologías”.
Además, se regulará las condiciones de acceso y formación permanente de los titulares de las direcciones de los centros o la prevalencia de los usuarios en habitaciones individuales. También se reforzará “el carácter, el control y la responsabilidad pública de los centros residenciales de personas mayores de titularidad municipal”.
Se elaborará una Ley de Atención Residencial y se incrementarán en un 25% las plazas residenciales de responsabilidad pública y se crearán líneas de ayuda al tercer sector que presta servicios en el ámbito de los servicios sociales para que se doten de EPIs, además de darles apoyo técnico para formación y asesoramiento en medidas de prevención de contagios. Hay también medidas para familias, víctimas de violencia de género y ayudas para la vivienda.
Ayudas para que las familias accedan a ordenadores para niños en edad escolar
En el apartado 'Funcionamiento de los servicios públicos', se ampliará la opción del teletrabajo y la teletramitación. Además, se garantizará la “equidad educativa” abordando la brecha digital y potenciando programas de ayuda en colaboración con el Gobierno de España “para que nadie se vea privado de la oportunidad de estudiar a causa de la crisis sanitaria”.
La Junta establecerá ayudas directas por valor de tres millones de euros a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet. También se reducirán las tasas universitarias y se destinarán 8 millones de euros a becas de Bachillerato, FP y estudios universitarios.
La Junta destinará 728 millones de euros para el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-20125, que establecerá infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social.
En el punto 'Castilla y León en la financiación, en la España Autonómica y en la Unión Europea' destaca la constitución de un Fondo Extraordinario Covid-19 por importe de 80 millones cuya mitad se transferirá a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. La otra mitad del fondo se gestionará por la Junta, 20 millones, y los 20 restantes se transferirá a entidades locales para para finalidades destinadas a Servicios Sociales.
Por otro lado, se reiterará al Gobierno de España que abone las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la no devolución de la liquidación del IVA y destinar las mismas a financiar los mayores gastos de la crisis del COVID-19. Mientras todo esto ocurre, se suspenderá el trámite parlamentario por el que se debate el Proyecto de Ley para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Firma este miércoles en Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente, Francisco Igea, firmarán este miércoles el el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León con el portavoz parlamentario del PSOE, Luis Tudanca, así como con los demás partidsos que se sumen, postura que deben comunicar este martes.
El acto institucional se celebrará a partir de las 12 horas en el patio central de la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, en Valladolid. Con la rúbrica del acuerdo se pone fin a la negociación iniciada entre la Junta y los grupos políticos de las Cortes durante la pandemia del coronavirus, con el gobierno de PP-Cs negociando como socio preferencial con el PSOE.
Tras el ofrecimiento del presidente de la Junta al líder de la oposición en un pleno de las Cortes, Mañueco y el portavoz socialista acordaron el 13 de mayo cinco ejes de actuación para avanzar en el acuerdo, que un mes después ha terminado en un pacto, con el que hacer frente a los desafíos del Covid-19. Esos acuerdos fueron posteriormente
Los ejes del pacto de Castilla y León son la reactivación económica, fortalecimiento de la protección social -con especial atención al modelo de residencias- y mejora sistema del fiscal, fortalecimiento de los servicios públicos, fortalecimiento de la sanidad y posicionamiento común de Castilla y León en España y en Europa.
El acuerdo llega después de que las Cortes aprobaran por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista, enmendada por Ciudadanos, para instar a la Junta a recuperar la atención presencial, con todas las garantías de seguridad, en los centros sanitarios, incluidos los consultorios locales.
