Los servicios sociales de Astorga tardan casi una semana en reaccionar al brote de covid en los viejos pabellones de Renfe
La marginalidad e incomunicación con el resto de la sociedad astorgana en la que vive esta comunidad portuguesa se ha visto subrayada en esta pandemia. Ha tenido que llegar un coronavirus altamente infectante para desvelar la descoordinación que, en este caso, han demostrado los responsables de la asistencia social del centro de especialidades, el Centro de Acción Social de la Diputación y el Ayuntamiento de Astorga, informa de ello María Antonia Reinares en Astorga Redacción.
Si no llega a dar la voz de alarma sobre el foco de infección un extrabajador social que sigue manteniendo el contacto con las familias, los servicios sociales continuarían sin intervenir. El concejal de Sanidad y Desarrollo Social, Antonio Serrano, reconoce que han comenzado a actuar cuando “nos hemos enterado”, la primera información le llegó el martes al finalizar la misa de la festividad de Santa Marta. La diputada de Servicios Sociales, Carolina López, señala que si “Sanidad no nos avisa no podemos intervenir”, ella se enteró el miércoles tras la llamada de teléfono de Serrano.
La primera señal de que en el gueto del barrio de San Andrés circulaba el coronavirus se produjo el sábado cuando en el centro de especialidades se detectó el primer positivo. El domingo, nuevas PCR desvelaron cinco casos más, todos menores, entre ellos un diabético. El martes, los contagiados ya eran 12. El miércoles, 17. Y ayer jueves se elevaban a 18 y están pendientes por saberse los resultados de, al menos, dos más. La evolución exponencial de los casos no ha alarmado a los servicios sanitarios ni a los sociales que hasta ayer jueves no han comenzado a actuar con hechos: el concejal Antonio Serrano ha explicado a Astorga Redacción que ha solicitado un cribado a la coordinadora del centro de especialidades, Cruz Roja ha llevado alimentos y productos de higiene, también se les ha suministrado leña para las estufas, y la Policía Local está avisada de la existencia del foco de contagios.
Pero mientras las administraciones encargadas de proteger a las capas más vulnerables de la sociedad no se enteraban del foco de infección, los afectados confinados en sus casas en cuarentena se iban quedando sin alimentos, medicinas y leña, “lo hemos pasado mal”, asegura la madre de una de las familias contagiadas, “teníamos lo justo para comer porque los supimos el sábado y ya no pudimos salir a comprar”. Durante estos días también han podido comprobar cómo el centro de salud negó la realización de una PCR a uno de los miembros de la comunidad portuguesa por no tener tarjeta sanitaria española. Esta mujer, en cuya familia están todos contagiados, cuenta que sus hijos dieron positivo el domingo pero al marido “no le quisieron hacer la PCR porque es portugués”, finalmente le han hecho la prueba jueves. La mujer relata que “he tenido miedo porque tenía malestar en el cuerpo y pensé que se podía morir en casa”.
La situación que perciben los afectados es que el foco de infección “está descontrolado, tendrían que bajar” a la barriada “a desinfectar o por lo menos a limpiar el contenedor que tocamos todos para tirar la basura”. Lo más preocupante para ellos son los niños, porque entre los ocho menores con PCR positivas hay dos bebés y otros dos son diabéticos, pero también temen por los ancianos.
La falta de comunicación entre la administración sanitaria y las competentes en servicios sociales que ha impedido intervenir de manera inmediata en el brote de covid-19, la han suplido los afectados a través de su grupo de whatsapp donde intercambian información sobre lo que les está ocurriendo en esta comunidad cerrada y aislada del resto de la ciudad.
Desde la Concejalía de Sanidad, Antonio Serrano puntualiza que durante el confinamiento de los primeros meses de la pandemia en 2020 “se hizo un plan específico” para estas familias que “cumplieron de manera excelente” el encierro.
Comunidad “extremadamente vulnerable durante la pandemia”
Una investigación, dirigida por la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido) en colaboración con la Universidad de Alicante, ha puesto de relieve que las especiales circunstancias socioeconómicas y sanitarias de la comunidad romaní (gitana) “la hacen extremadamente vulnerable durante la actual pandemia”.
La investigación, dirigida por la antropóloga social Paloma Gay y Blasco, de la Escuela de Estudios Filosóficos, Antropológicos y Cinematográficos, y María Félix Rodríguez Camacho, doctoranda en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante y responsable del área de Salud de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (Faga), advierte que la comunidad gitana, una de las minorías más marginadas y pobres de Europa con la salud más precaria y la menor esperanza de vida, sea probablemente la que sufra el impacto del coronavirus de forma extrema.
La etnia gitana española, así como la de otras partes de Europa, ha entrado en la pandemia desde una posición excepcionalmente desventajosa. Según este estudio, “más del 80% de esta comunidad vive en la pobreza, y casi el 50% tiene unos ingresos mensuales inferiores a 310 euros. Esta comunidad experimenta también mayores niveles de EPOC, obesidad y diabetes, y es más probable que sufra graves problemas de salud que pueden repercutir en la supervivencia de estos individuos a la covid-19”.
Las condiciones deficientes de sus viviendas en los centros urbanos o barrios marginales, la segregación residencial en guetos construidos especialmente para ello, y el hacinamiento afectan de manera desproporcionada a la comunidad gitana. “Más del 60% de los gitanos viven en hogares multigeneracionales, con dos o más núcleos de familias relacionadas que viven juntas en pequeños apartamentos”, señalan las autoras de esta investigación. Esto hace extremadamente difícil evitar el contagio a través del autoaislamiento.
Además, añaden, “casi el 44% de los hombres y el 27% de las mujeres de raza gitana obtienen sus ingresos a través de la venta ambulante, ya sea en mercados al aire libre o a pie. La cuarentena obligatoria hace imposible que un gran número de estas familias se ganen la vida por el cierre de los mercadillos, la suspensión de las ferias y fiestas, o las dificultades para salir en busca de chatarra. En este aspecto incide otro estudio dirigido por la Universidad de Alicante en el que han participado la Universidad Pública de Navarra, el Instituto de Salud Carlos III, así como distintas asociaciones de ámbito nacional, donde se desvela que algo más de la mitad de los hogares de la comunidad romaí han sufrido una notable reducción de sus ingresos económicos.
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