El Procurador del Común achaca parte de la mortalidad en las residencias a la limitación de traslados a hospitales
El Procurador del Común, Tomás Quintana, aseguró este martes que al inicio de la pandemia de la covid-19 se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales de mayores a los hospitales debido al “colapso” del sistema, lo que provocó que asumieran “unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección”.
Quintana, que presentó ante el pleno de las Cortes el informe del año 2020, expuso que esta situación explica, junto con otras causas, evidentemente, la morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como también la “acusada” prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores.
“Como sociedad, tenemos el deber de hacer todo lo posible para contribuir no solo a que no se repitan los episodios de sufrimiento y muerte en las residencias de mayores que hemos conocido, sino a mejorar las condiciones de vida de los más mayores en condiciones de normalidad, es decir, una vez superada la crisis sanitaria”, afirmó el Procurador del Común.
Por ello, Quintana recordó que fueron varias las resoluciones enviadas a la Consejería de Sanidad y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades fruto de las quejas que recibieron y de las actuaciones de oficio emprendidas, en las que señaló proponían diferentes actuaciones y estrategias sociales y sanitarias con el objetivo de “minimizar el impacto y de intentar mejorar la gestión de la crisis” en los centros residenciales.
Además, el Procurador del Común apuntó que en noviembre de 2020 se manifestó en otra resolución a favor de un cambio del modelo residencial, “centrado en las personas” y propuso una batería de medidas para mejorar la asistencia social y sanitaria de los residentes, su calidad de vida y garantizar la protección de sus derechos en un ambiente respetuoso con los principios éticos fundamentales.
Fortalecer la Transparencia
El Procurador del Común, también sostuvo que la Transparencia de los entes públicos no solo “no debe debilitarse”, sino que debe “fortalecerse”, en especial en relación con aquellas cuestiones relativas a la protección de las personas y al resto de medidas adoptadas para hacer frente a la covid-19.
Hay que recordar que la Junta de Castilla y León se negó a dar los datos de los fallecidos en cada residencia de ancianos y el propio gabinete del Comisionado de Transparencia (que es el mismo Procurador del Común) indicó en varias resoluciones que esos datos se tenían que dar a los solicitantes “por ser de especial interés público”.
En su intervención en el pleno de las Cortes para exponer el informe de 2020, Quintana se refirió a tres actuaciones de oficio promovidas en relación con la transparencia pública, relacionadas todas con la crisis sanitaria generada por la pandemia.
Una de ellas, como explicó, fue la publicación de los contratos públicos relacionados con la pandemia del coronavirus como cumplimiento del deber de publicidad activa, publicación que se estaba realizando pero sobre la sugirieron “alguna mejora”.
En las otras dos actuaciones de oficio, se interesaron en conocer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante la vigencia de la declaración del primer estado de alarma sobre temas relacionados con la crisis sanitaria, actuaciones que les permitieron comprobar que la Administración cumplía con el deber de información en tiempo y forma ante las solicitudes recibidas.
