La Audiencia acoge el juicio en el que se piden 8 años a Victorino Alonso por explotar ‘Nueva Julia’
El empresario minero Victorino Alonso volverá esta próxima semana a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León. La Fiscalía de Área de Ponferrada pide ocho años de cárcel por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la explotación 'Nueva Julia-La Mora', en el término municipal de Cabrillanes, entre los años 2007 y 2010.
El caso se inscribe en la batalla legal emprendida por la asociación Filón Verde y que, ya en 2011, supuso una condena a España por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por permitir las cortas a cielo abierto en espacios que tienen figuras de protección medioambiental como el valle de Laciana, según informa la revista Ballena Blanca.
El juicio previsto para estos días 26 y 27 de abril en la Audiencia Provincial de León abordará el modo en que se llevó a cabo de forma continuada la explotación minera a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en los parajes denominados La Mora y Julia.
La Fiscalía asegura que el empresario minero y jefe de la explotación, “de manera plenamente consciente y deliberada”, no respetaron lo indicado en la declaración de impacto ambiental. Para más inri, tras abandonar la explotación en 2011, no se produjo ningún tipo de restauración ambiental en el espacio afectado por el cielo abierto hasta dejar “una afectación gravísima para el medio ambiente y el entorno natural”.
Laciana es Reserva de la Biosfera. Y gran parte de su territorio cuenta también con la protección vinculada a la declaración de Red Natura 2000. Filón Verde calcula en más de 980 las hectáreas destruidas por cielos abiertos como el que este lunes y martes sentará en el banquillo de los acusados al conocido como 'rey del carbón'. Hasta la fecha, y aunque la ley obliga a las empresas a cubrir el coste de las restauraciones ambientales (los avales depositados apenas llegan a 2,7 millones de euros), la mayor parte de los 35 millones de euros invertidos en recuperar los terrenos afectados procede de las arcas públicas (fundamentalmente entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Castilla y León).
