El alcalde de Bembibre y parte de su anterior equipo de Gobierno, investigados por prevaricación
La Justicia ha dictaminado la imputación al alcalde de Bembibre, José Manuel Otero, y a los miembros de su equipo de Gobierno en la anterior legislatura por presunto delito de prevaricación administrativa cometido tras la prórroga del contrato a Clece en la explotación de las piscinas del municipio y de la Residencia de la 3ª edad del Santo. Este acuerdo, que fue adquirido entre el Ayuntamiento y la empresa en 2013, ya fue anulado en una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), por lo que el PSOE de la capital del Bierzo Alto exigen “la inmediata dimisión” de popular regidor de la villa, así como “su renuncia al escaño de procurador regional”.
Precisamente, este lunes estaban citados a declarar en el Juzgado número 8 de la capital berciana todos los integrantes de la Junta de Gobierno en 2013, “pero ninguno se ha presentado”, según ha explicado unas horas después el que fuera por aquel entonces el portavoz del PSOE, Manuel Ángel Rey. “Dado que Otero ha decidido saltarse a la torera el cumplimiento de las sentencias, tanto de la Audiencia Provincial como del TSJ, no nos ha quedado más remedio que acudir a la vía pena para que sea el Juzgado el que tome la decisión oportuna que, hasta ahora, ha sido imputar o investigar al alcalde popular y a su equipo”. Acompañado por los demás integrantes del grupo municipal, Rey indicó que “Otero declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por ser aforado”.
Agotado cualquier recurso por parte del regidor popular, debido a que la sentencia del TSJ es en firme, el Ayuntamiento y Clece serán los encargados de pagar las costas judiciales -todavía no cuantificadas- y el recurso de apelación, “por lo que, además, tendrán que explicar a los ciudadanos cuál ha sido el motivo de favorecer a esta empresa en todo momento”. Manuel Ángel Rey recordó que el acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y Clece “se produjo a dedo y sin tramitar ningún expediente de contratación y ningún informe económico que justificase el desequilibrio que se produjo al cerrar las piscinas climatizadas durante todo el verano, cuando en anteriores ejercicios sólo permanecían inactivas durante el mes de agosto”.
Esta maniobra no causó alarma en la adjudicataria porque a cambio de cerrar tanto tiempo las climatizadas, Clece se hizo cargo de la explotación de las piscinas de verano sin sacar a concurso la gestión. Para el PSOE , “Otero siguió adelante con la irregularidad, asegurando que esta acción ahorraría cientos de miles de euros al Ayuntamiento, cuando la realidad ha sido bien distinta”. Las consecuencias se podrían traducir en una pérdida de unos 160.000 euros en los últimos cuatros años.
