El imputado Marcos Martínez vuelve al juzgado... a trabajar

Carlos S. Campillo/Ical. Marcos Martínez, en los juzgados de León como testigo en el caso Carrasco.

ileon.com

Marcos Martínez Barazón vuelve al juzgado... a trabajar. Así lo ha podido atestiguar este periódico en los juzgados de León. El expresidente de la Diputación y actual alcalde de Cuadros e imputado en la operación Púnica por seis presuntos delitos es funcionario de carrera en los juzgados, un puesto al que ha vuelto recientemente para sorpresa general de sus compañeros y personal que pulula por la sede judicial ubicada en el paseo Sáenz de Miera de la capital leonesa.

La sorpresa de su vuelta al trabajo judicial es mayor cuando el alcalde de Cuadros se puso tras las elecciones del pasado mes de mayo una media dedicación de 30.000 euros anuales, curiosamente la misma fianza que le puso el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional para su salida de prisión en diciembre de 2014, donde pasó 42 días.

Lo curioso de la vuelta de Martínez a los juzgados es que está ubicado en el servicio de notificaciones, realizando un trabajo de cara al público y desplazándose si es necesario para entregar las notificaciones y citaciones judiciales, dejando perplejos a algunos abogados leoneses al encontrarse al político imputado en tal tesitura.

Pero las visitas al juzgado de Martínez en los últimos tiempos están siendo frecuentes. Hace apenas dos semanas el expresidente de la Diputación prestó declaración como imputado en una causa que investiga un presunto delito de falsificación de documento público en la adjudicación una plaza de arquitecto en el SAM. En este caso lo hizo a petición de la juez que instruye la causa, por la que también han declarado la exalcaldesa de Mansilla de las Mulas y exdiputada de personal, Mari Paz Díez; la funcionaria jefa del SAM, Ana Belén Cosmen y el arquitecto que ha ocupado la polémica plaza, José María Alvado. Se trata de una denuncia contra el entramado 'carrasquista' de poder en la Diputación, que tiene decenas de denuncias en los juzgados por presuntas irregularidades.

A Marcos Martínez se le imputa en la trama Púnica “los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”. La fiscal del caso apuntó en su interrogatorio a indicios contínuos de tráfico de influencias por “estar pagando con dinero público apoyo” para ser presidente del PP provincial, cuyos favores serían adjudicar contratos relacionados con San Isidro a empresas vinculadas a Alejandro de Pedro.

Las revelaciones del sumario que ha ido contando ileon.com en el primer aniversario de la operación Púnica revelan además que el propio expresidente de la Diputación permitió al 'conseguidor' Alejandro de Pedro retocar a su gusto los contratos de las cafeterías de San Isidro, diseñar a medida un carísimo Plan de Dinamización de la estación de esquí y hasta participar personalmente para que las adjudicaciones recayeran en las empresas convenientes de la trama, con conocimiento del interventor. Habría enviado los contratos en cuestión desde su propio correo personal oficial de la institución provincial.

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