La Junta no ha abierto jamás un expediente por los 'donativos' ilegales en los colegios concertados

El consejero de Educación en un acto contra la violencia en el colegio Divina Pastora de León.

C.J. Domínguez

Desde que las competencias educativas están en manos de la Junta de Castilla y León, es decir, en los últimos 16 años, la administración autonómica jamás ha abierto un solo expediente ni en la provincia de León ni en ninguna otra de la Comunidad por las cantidades que los centros educativos privados con concierto de financiación pública cobran a las familias por cada niño escolarizado, unos pagos que el Tribunal Supremo considera ilegales, como ayer publicó iLeon.com.

Fuentes oficiales de la Consejería de Educación en Valladolid y de la Delegación Territorial de la Junta en León -incluyendo la Dirección Provincial de Educación- han confirmado a este medio que el número de expedientes por estas polémicas aportaciones es cero. No sanciones, sino expedientes abiertos.

De hecho, la Junta no mantiene control alguno para garantizar al cien por cien que estas 'donaciones' sean totalmente voluntarias, garanticen la gratuidad por Ley de la Educación, no sean lucrativas y no discriminatorias para los escolares y sus familias. La explicación de esta curiosa circunstancia es plenamente coincidente en León y Valladolid, según portavoces oficiales de ambos ámbitos: a la Junta no le ha constado jamás una sola denuncia de ningún padre o colectivo por irregularidades en estos cobros.

254 millones a colegios privados en 5 años de recortes públicos

Algo que resulta muy sorprendente, porque en 2013 este espinoso asunto alcanzó niveles de tal escándalo que fue objeto de intensos debates que llegaron a las Cortes de Castilla y León. Las procuradoras leonesas Teresa Gutiérrez y Ángela Marqués exigieron entonces a Educación mano dura con el cobro de conceptos “no legales” en colegios leoneses, tales como “desgaste de patio” o “monitorización de notas”, que “en algunos casos son más del 40% a mayores de la cuantía” establecida.

Y es que, con los presupuestos de la Junta en la mano, y no sin dificultad, calculaban que en sólo cinco años se habían pagado a los privados más de 254 millones de euros, mientras se acrecentaban los “importantes recortes” de la escuela pública, que en aquellos años llegaron a su culmen.

Delegado territorial: “Ha habido sentencia de que eso no se puede hacer”

Alguna razón le asistiría al PSOE. Porque pocos meses atrás, ante una denuncia similar que sí admitió el todavía delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García Martín, reconoció que solicitar donativos voluntarios en los colegios concertados no es legal y advirtió que Educación actuaría con dureza. “Ha habido una sentencia que en el sentido de que eso no se debe de hacer», defendió, añadiendo que «particularmente yo no tengo conocimiento de que se haya producido ninguna denuncia en León. Si la hubiera tenido, pues lógicamente... Comprenderéis que si un juzgado se ha pronunciado ya sobre ese tema, me imagino que la Junta iría por el mismo camino».

El consejero en 2013: “Condeno que en colegios concertados se cobre fuera del concierto”Juan José Mateos el día que dio el relevo como consejero de Educación al leonés Fernando Rey. / Leticia Pérez / ICAL

Pero más categórico aún, aunque sólo de palabra, fue el entonces consejero de Educación, Juan José Mateos. Con motivo de una interpelación en el Parlamento autonómico a instancias socialistas, Mateos en el Pleno de 11 de septiembre de 2013 (se puede consultar aquí íntegro), llegó a decir frases literales como “condeno que en los colegios concertados se pueda cobrar al margen de la cuota que paga la Consejería de Educación, es decir, del concierto; lo condeno”.

La parlamentaria leonesa Marqués censuró en aquella sesión “un asunto tabú, que todo el mundo conoce, pero que pocas veces se denuncia, que son cuotas supuestamente voluntarias que se les piden a las familias en los colegios privados concertados. Ante las que la Junta de Castilla y León mira para otro lado, que son abusivas para las familias, y que permiten una doble financiación de la escuela privada concertada en detrimento de la pública. Esas cuotas, además, que son absolutamente ilegales, y que se le está cobrando a las familias por conceptos como monitorización de notas, uso del polideportivo donde se imparte educación física y demás, que es absolutamente ilegal. Ustedes escurren el bulto”.

Ante tal argumento, el consejero de Educación defendió que “el colegio, propiamente dicho, no puede cobrar cuotas a las familias por su concierto y la Consejería de Educación cuando tiene conocimiento nosotros actuamos, y me consta que hemos actuado en algún centro que, además, ha echado marcha atrás. Insisto, si eso lo hace la fundación o la organización de los padres y las madres que tiene su organización, pues ahí, si la Ley lo permite, yo no tengo nada que decir”.

Modus operandi: si hay irregularidades la Junta ayuda al colegio a corregirlas

Aquella respuesta, pocas veces tan categórica, delata la actuación de la Junta en consonancia con los centros concertados: si detecta irregularidades, en vez de actuar abriendo expedientes, les pide que cambien de forma de hacerlo para que jamás haya sanción. Y por eso nunca ha habido ni siquiera un amago.

Lo curioso es que a la Junta no le consta ningún caso para haber ejercido aquella mano dura prometida. A pesar de que la propia organización Escuelas Católocas, que agrupa a casi todos los centros concertados de la Comunidad y la provincia leonesa, admite abiertamente que han existido irregularidades en esos cobros en centros de León y Valladolid, e incluso su secretario autonómica cifra en cerca de 10% los casos en los que esas aportaciones no se solicitan ni cobran de manera legal.

Casos del Leonés y otros en Palencia, Segovia o Burgos

Y peor aún, a pesar de que al Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León, que ahora ejerce el leonés Javier Amoedo), no sólo le hayan constado también ese tipo de irregularidades de colegios como el 'Leonés' en León, 'Santo Ángel' de Palencia, 'El Peñascal' de Segovia, el 'Niño Jesús' de Burgos, entre otros, sino que haya llegado a sumar 3 resoluciones firmes constatando esos hechos, la última y más categórica en agosto de 2015 (la adjuntamos íntegra abajo de esta información).

Tales irregularidades se las ha comunicado por vía oficial a la Junta e instado a Educación “que se mantenga la actuación de inspección sobre los ingresos que obtienen tanto los centros públicos como los centros privados concertados a través de los conceptos que son exigidos a los alumnos y a sus familias, adoptándose las medidas necesarias para corregir las irregularidades que pudieran producirse en cuanto al incumplimiento de los criterios de publicidad, voluntariedad, no discriminación y carácter no lucrativo”.

El Procurador pide transparencia total

Para garantizar la máxima transparencia, el procurador pide también a la Junta “que se garantice la debida transparencia de todos los conceptos autorizados a los centros educativos por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares, servicios complementarios, etc., disponiéndose la publicación de los mismos para cada curso escolar en tanto estén vigentes, a través del portal de Educación de la página web de la Junta de Castilla y León, y a través de cuantos medios se estimen oportunos”.

Es histórica y plena la consonancia del Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León con los colegios privados-concertados, a pesar de que ahora el consejero es el catedrático leonés Fernando Rey, con un bagaje híper crítico con las políticas populares previo a su nueva responsabilidad. Rey ha participado desde el verano pasado que tomó posesión en numerosos actos junto a Escuelas Católicas, defendido y elogiado el carácter público de la enseñanza privada-concertada, a la cual desvincula de una presunta “elite”, así como a sus docentes, de los que afirma que “no son profesores de serie B por no haber superado una oposición.

Fernando Rey contra los “progresistas ignorantes”

“Desde la Consejería de Educación queremos los mejores centros públicos, pero también los mejores concertados. Hay que reconocer y reivindicar el trabajo de la concertada en el sistema educativo de Castilla y León”, defendió en enero de este año después de años de parón el 'Acuerdo de centros en crisis' que afecta a colegios católicos, privados y concertados de la Comunidad. Similares argumentos que los defendidos por él en el I Simposio Religión en la Escuela celebrado en Valladolid, en el llamó “progresistas ignorantes” a los partidos y políticos que hablan del debate sobre la asignatura de religión sin saber cómo se imparten sus clases.

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