El alcalde de Villaquilambre abandona la comisaría “libre de cargos”
El alcalde de Villaquilambre Manuel García ha salido de comisaría “libre y sin cargos” según fuentes municipales, que aseguraron que su declaración ante los agentes destacados a las ocho y media de la mañana en el Consistorio han sido casi como un trámite de “localización y declaración”.
La salida de Comisaría del regidor de villaquilambre ha podido ser comprobada in situ por iLEÓN, que no ha conseguido que el alcalde realizara declaraciones sobre lo ocurrido, aunque se ha remitido a que hablará con su abogado para emitir una nota de prensa.
Esta mañana Villaquilambre ha sido uno de los epicentros de la Operación Enredadera, con un interrogatorio durante toda la mañana del alcalde y la concejal de Personal Mónica Varon en una estancia y de dos técnicos informáticos en otra.
Sobre las 14.25 horas uno de los técnicos y la concejal del equipo de Gobierno del PP salieron escoltados por la policía junto a Manuel García en dirección a la comisaría de León. Pasadas las 19.25 horas abandonó las dependencias policiales de León.
Fuentes municipales aseguran que tanto la concejala como el técnico informático del Ayuntamiento de Villaquilambre se encuentran también libres y les han tratado con la misma circunstancia policial “con una orden de localización y declaración” sin que hayan sido trasladados a disposición judicial.
Posible “detención ilegal” según una nota de prensa municipal
A las diez y media de la noche el Ayuntamiento de Villaquilambre envió un comunicado, tras haber llegado el alcalde a su municipio. iLEÓN lo reproduce íntegramente:
“En el curso de las diligencias de investigación a numerosos ayuntamientos del territorio nacional llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona, se había acordado la entrada y registro en las dependencias municipales de Villaquilambre, y la 'localización' de las personas que habitualmente utilicen los despachos objeto de registro.
No obstante, funcionarios de la UDEF procedieron a trasladar al alcalde y procurador de Castilla y León a las dependencias del Ayuntamiento para llevar a cabo el registro y posteriormente a la Comisaria de Policía de León para la práctica de unas diligencias policiales que no venían acordadas por el Auto del Juzgado de Instrucción de Badalona.
Se da la circunstancia, y es un hecho conocido, que el alcalde de Villaquilambre es además procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto tiene la condición de aforado, por lo que la detención practicada podría constituir, un delito de detención ilegal.
El artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que “los procuradores durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad salvo en el caso de flagrante delito, (que no es el caso) correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.
Por otra parte, limitándose el Auto del Juzgado de Badalona, que conoce de la causa y expresamente discrimina las personas que habrían de ser detenidas de las que debían ser localizadas, la detención de cualquiera de éstas últimas, como sucede en el caso del Alcalde de Villaquilambre, pudiera tratarse de una clara extralimitación, más allá de lo expresamente acordado por el Juzgado.
En definitiva, no habiéndose acordado por el juzgado de instrucción la detención, nada justificaba que la misma se llevara a efecto, pues la finalidad de la localización lo está encaminada únicamente a la práctica de la diligencia de registro con todas las garantías y en presencia de la persona que pudiera resultar afectada por dicho registro.
Desde el Ayuntamiento de Villaquilambre se niega la existencia de irregularidad alguna en los procesos de contratación, asegurando que así resultará acreditado en el procedimiento judicial“.
