El leonés Alfredo Prada asegura en la Audiencia Nacional que “está justificado” los 100 millones de la fallida Ciudad de la Justicia
El que fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el político leonés Alfredo Prada Presa, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado durante algo más de tres horas en relación al Campus de la Justicia de Madrid, cuyas irregularidades denunció la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de la Cámara de Cuentas regional.
“Está todo justificado”, se ha limitado a resumir ante los medios al abandonar la sede judicial, en referencia a los más de cien millones de euros gastados bajo su mandato para un proyecto que apenas ha comenzado a desarrollarse más de una década después, a pesar de que algunas adjudicaciones recayeron en empresas del empresario leonés José Luis Ulibarri.
El político leonés, situado por el propio presidente del PP, Pablo Casado, para dirigir la Oficina del Cargo Popular, un órgano interno para controlar los posibles casos de corrupción, ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata junto a tres cargos técnicos de la sociedad: el que fuera director general Técnico de la sociedad Isabelino Baños, el subdirector Técnico Mariano José Sanz Piñar y el director de Área Financiera Alicio de las Heras, que también es leonés y trabajó como asesor de Prada.
Prada Presa estaba citado esta mañana en calidad de “responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad” Campus de la Justicia de Madrid. Son las primeras citaciones que se producen en la investigación de las irregularidades detectadas en el proyecto por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en un informe que motivó denuncia de Fiscalía Anticorrupción, por una parte, en relación a la contratación efectuada durante el periodo en que Prada presidía el consejo y, por otra parte, sobre la disposición de fondos del Campus de la Justicia.
En el auto con el que les cita a declarar, De La Mata explica el “caos” que era esta empresa pública ya desde su propia organización: “No seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”.
Sobre los contratos, el juez llama la atención sobre el de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007. Dice que “no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad”, en algún caso no hay pliegos y “prácticamente todas las licitaciones” se han basado en criterios imprecisos que después completaban los licitadores.
El auto también hace referencia a otros gastos de CJM, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que el Campus de la Justicia de Madrid abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.
