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TRIBUNALES

La Audiencia investiga la Ciudad de la Justicia de Madrid que impulsó el leonés Alfredo Prada y se adjudicó a Ulibarri

El juez De la Mata ve indicios procedentes de la Fiscalía Anticorrupción y la documentación entregada hace meses por Cristina Cifuentes sobre graves irregularidades en el dispendio de 105 millones públicos en el fallido proyecto que se impulsó en 2007 cuando el político leonés era vicepresidente de Madrid, contratando por 55 millones a la constructora Begar del ahora doble im-putado por corrupción.

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Madrid.org
ileon.com  | 19/09/2018 - 16:48h.

La Audiencia Nacional acaba de anunciar que ha abierto formalmente una investigación en torno al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, el megalómano complejo que llegó a sumar una inversión de dinero público de 105 millones de euros al erario público a pesar de no haberse ejecutado y del que fue responsable inicial bajo la presidencia de Esperanza Aguirre el leonés Alfredo Prada Presa, entonces vicepresidente, posteriormente retirado de la política en 2015 pero que acaba de ser repescado para la dirección nacional del PP por su nuevo presidente, Pablo Casado.

El magistrado de la Audiencia José de la Mata ha activado una causa penal tras recibir una denuncia procedente de la Fiscalía Anticorrupción y meses después de que, con diez años de retraso, presentara abundante documentación sobre este caso de presunto despilfarro millonario la sucesora de Aguirre, Cristina Cifuentes (también del PP) poco tiempo antes de abandonar su cargo y la política por escándalos relacionados con su máster.

Fuentes de la Audiencia Nacional dejan claro que por el momento no existen imputaciones concretas a ninguna persona, ni Prada Presa ni Aguirre ni el sucesor del primero a partir de 2008, Francisco Granados, que continuó la Ciudad de la Justicia como Consejero de Justicia e Interior, cargo en el que sustutuía al político leonés.

Para complicar más el asunto, cabe recordar que como publicó en su día El País, entre las empresas que fueron contratadas para el multitudinario acto de presentación del proyecto de la Ciudad de la Justicia figuraba Begar, propiedad del empresario también leonés José Luis Ulibarri Comerzana, que ya hace años permanece imputado por presunta corrupción en el Caso Gürtel y ahora acaba de abandonar la cárcel como imputado también en la trama Enredadera que implica a más de 40 municipios en toda España.

Según aquella noticia, se gastaron 1,4 millones de euros solo en los fastos de aquella primera piedra, a la que acudieron junto a Prada Presa (fue consejero hasta junio de 2008) la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Javier Hernando, o el de la Audiencia Nacional, Carlos Divar, entre otros.

Begar, entonces la compañía de construcción de Ulibarri, había resultado adjudicataria de un primer contrato de urbanización del terreno elegido en Valdebebas, por un importe de 55 millones de euros. En ésta poco se hizo pero la segunda fase, de otros 57 millones de euros, ni siquiera se llegó a iniciar jamás.

Sin embargo, dentro de los pagos que asumió Begar como adjudicataria de los trabajos iniciales, de la cuenta de Ulibarri salieron 902.049 euros para una empresa de servicios audiovisuales que elaboró el material de la presentación de la Ciudad de la Justicia, siempre según el rotativo. Se sumaron para aquel enorme fasto 180.000 euros para la preparación de la infraestructura, 116.666 más para la decoración, 103.000 más para el pago del personal de producción u otros 145.000 para los sistemas de proyección. Sólo convocar a la prensa tuvo un coste de 9.000 euros.

Ya entonces, Prada Presa se desvinculó de este dispendio, afirmando que la Comunidad de Madrid pago "ni un solo euro" de la ceremonia sino que se abonó con cargo al 1,5% que se reservaba en los contratos del Gobierno madrileño para publicidad y comunicación, que fue lo que asumió la empresa de Ulibarri.

Respecto a esa implicación del ahora doble imputado empresario leonés, Prada defendió que la UTE formada por Begar se llevó la adjudicación porque "era el mejor proyecto y el más barato" con la valoración técnica en la mano, insistiendo en que por entonces sobre Ulibarri no pesaba sospecha judicial alguna de sus maniobras presuntamente delictivas, como se sabe ahora.

El que fuera diputado y senador del PP por la provincia leonesa, y mano derecha de Aznar en su día, entre otros cargos, ya defendió también en ILEÓN que de algunos detalles de despilfarros como el pago de 105.000 euros a 20 empleados contratados a dedo, 17 de ellos jefes, o los 10,3 millones que se embolsó el prestigioso arquitecto británico Norman Fosterporel diseño de dos edificios, él no fue responsable en absoluto porque sin entrar al hecho de que se pudieran producir, en todo caso fue después de que él dejara de ser consejero de Justicia e Interior en Madrid.

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