Cristina Cifuentes denuncia una década después el despilfarro de Aguirre y el leonés Alfredo Prada en Madrid
La Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes ha anunciado la presentación esta mañana ante la Fiscalía General del Estado una serie de “múltiples irregularidades” que el Gobierno autonómico que aún preside el PP, a expensas de la moción de censura anunciada tras el escándalo de su presunto máster universitario.
Unas presuntas irregularidades por despilfarro de dinero público que habría cometido el propio PP en la gestión de la llamada 'Ciudad de la Justicia' en Madrid siendo presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y consejero de Justicia el político leonés Alfredo Prada Presa, exparlamentario por la provincia. El informe estima que podría haber habido un quebranto patrimonial de en torno a 130 millones de euros públicos.
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Según destaca hoy El Mundo, un dictamen de la Abogacía General encargado por el Gobierno de Cifuentes sobre el enorme proyecto para ubicar en Valdebebas todos los organismos judiciales de la Comunidad madrileña, diseñado por el arquitecto Norman Foster, ha detectado que se incumplieron de forma “sistemática” las “normas más esenciales” de contratación pública y contabilidad.
El propio Alfredo Prada, hoy fuera de la política tras renunciar a su acta de diputado nacional por León, ya negó en su día ese despilfarro o al menos su participación personal en el mismo, cuando una investigación de El País destapó detalles escandalosos como por ejemplo el gasto de 105 millones de euros de dinero público en 2007 para un complejo mastodóntico que nunca llegó a ver la luz.
También llamó la atención entonces la contratación a dedo o por razones de afinidad o parentesco de un total de 20 trabajadores de la entidad que se denominó Campus de la Justicia de Madrid. A pesar de tener nula actividad, 17 de ellos ocupaban puesto de jefatura y sueldos que en algunos casos alcanzaban los 105.000 euros, según El País.
Ahora, el informe de la Comunidad que dirige Cifuentes observa un “posible menoscabo” ocasionado a las arcas de la Comunidad por “el perjuicio patrimonial” que se produjo y que “ni tan siquiera son susceptibles de cuantificar”.
Hace un mes que ya denunció la oposición
Pero más curioso aún es el momento elegido por el Gobierno de Cifuentes para esta ofensiva judicial contra su propio partido. Sobre todo porque hace ya casi un mes que los grupos de la oposición en Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, transmitieron a la Fiscalía Anticorrupción el contenido de un informe sobre las irregularidades encontradas por la Comisión de estudio de la Auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Campus de la Justicia.
Sin embargo, justo ahora “singularmente, las anomalías detectadas apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas más esenciales de la contratación pública y de la llevanza de la contabilidad, suponiendo un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil”, destaca El Mundo citando el informe.
En aquel entonces, Prada Presa era no sólo consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Aguirre sino también vicepresidente segundo. Y fue sustituido, al dejar la Consejería, por Francisco Granados, ahora imputado como presunto cabecilla de la trama 'Púnica', quien en los últimos meses acusó al político leonés de tener alguna responsabilidad en una serie de facturas falsas que probarían la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Una acusación de la que Prada Presa se defendió anunciando una querella.
Más recientemente se conoció que la hoy presidenta del Imserso, y entonces alto cargo de la Consejería de Justicia comandada por Alfredo Prada, guardó ante notario algunos documentos incriminatorios contra él en los que se podría demostrar, presuntamente, que el leonés desvió fondos públicos destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del Partido Popular en Madrid, con la excusa del pago de unos informes nunca realizados.
