CASTILLA Y LEÓN

La Junta desoye las sentencias judiciales e intenta aprobar una nueva Ley de Caza sin los informes cinegéticos obligatorios

La Consejería de Medio Ambiente dirigida por el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones 'pasa' del Tribunal Superior de Justicia, que suspendió el decreto y la Orden de Caza autonómica porque usaba información de organizaciones como la Federación de Caza. Ahora vuelve a hacer exactamente lo mismo sin elaborar un catálogo oficial.

presidente Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco operativo incendios forestales juan carlos suárez-quiñones verano 1
Juan Carlos Suárez Quiñones y Alfonso Fernández Mañueco. Foto: Nacho Valverde / ICAL.
ileon.com  | 18/12/2019 - 12:00h.

El Gobierno autonómico 'pasa' de la Justicia, que consideró el pasado mes de marzo que los estudios utilizados por la Junta para su Ley de Caza no eran "científicos objetivos" porque se nutrían de información "recopilada para otros fines", y pone a exposición pública una nueva normativa, con similares informes ajenos y ninguno propio, tras los varapalos judiciales del Tribunal Superior de Justicia.

Una norma que hasta el Defensor del Pueblo denunció por inconstitucional, porque consideró que la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por el juez leonés en excedencia Juan Carlos Suárez Quiñones, "intentó eludir los autos" que de manera cautelar paralizaban el decreto de especies cazables y con ello la actividad cinegética.

La respuesta de los de Suárez Quiñones ante estas sentencias ha sido poner el nuevo anteproyecto de Ley de Caza a información pública en pleno periodo navideño hasta el 17 de enero de 2020. Sin haber elaborado ningún informe oficial sobre el catálogo cinegético y volviéndose a basar en similares documentos con los que el TSJ le tumbó la ley anterior: el Libro Rojo de las Aves de España de 2004 de SEO/Birdlife, la Lista Roja de Especies Amenazadas de 2007 y 2015 elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, e informes realizados por distintos organismos o particulares para distintos propósitos.

Este nuevo intento de la Junta de sacar adelante la Ley de Caza prevé blindar la actividad cinegética después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) suspendiera cautelarmente el decreto de caza y anulara la Orden Anual de Caza a principios de año, según esta información de Alba Camazón en ElDiarioCyL.es.

¿Los motivos? Según la Sala, la Junta no tenía información suficiente como para determinar qué especies eran o no cinegéticas y los periodos hábiles para la caza puesto que el sistema de censo, seguimiento y estudio de tendencias estaba basado en información de Coge, Cazdata y Seo/Birdlife. Una situación que el gobierno autonómico recurrió ante el Tribunal Supremo y que todavía está pendiente de resolución. Tanto en la pasada legislatura como en esta, el responsable de Medio Ambiente autonómico es el juez en excedencia Juan Carlos Suárez Quiñones, que ya ha recibido una decena de varapalos judiciales en los últimos años.

El Tribunal Superior de Justicia destacó "la necesidad de que la declaración de una especie como cinegética tenga una base científica suficiente" en la Orden y el Decreto y la importancia de conocer "en cuánto van a aumentar las especies, ni cuándo y de qué manera", algo que se desconocía con la Orden y el Decreto porque se utilizaban datos de otras autonomías o del Estado. Algo que tampoco se calcula en el anteproyecto o el resto de documentos publicados, a pesar de que sí se hace pública y se pretende blindar la lista de especies venatorias.

El mismo tipo de estudios que 'anuló' la antigua norma

Ahora, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, recurre al mismo tipo de estudios para elaborar el anteproyecto de la Ley de Caza. Con esta norma, aspira precisamente a blindar qué especies son cinegéticas y cuáles son los periodos hábiles para cazar. Sí que contempla, por otra parte, que este listado de 38 especies pueda ser modificado por decreto siempre que exista un informe del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Las evaluaciones que utiliza la Junta pertenecen de nuevo a SEO/Birdlife y a Birdlife international, entre otras organizaciones. Los últimos estudios específicos sobre cada una de las especies venatorias pertenecen, en su mayoría, a 2015, como la Lista Roja de Especies Amenazadas, que aparece mencionada en el Anexo a la Memoria del Anteproyecto de Ley. Los informes rubricados por la Junta de Castilla y León son relativos a las buenas prácticas cinegéticas o el manual teórico del examen para obtener la licencia, entre otros. Los escasos planes de seguimiento realizados por la Junta (2016) o la Fundación Patrimonio Natural (2018) no tienen un acceso digital, como sí tienen el resto de informes.

Informes ajenos y elaborados de forma genérica

Ejemplo de ello son la perdiz roja o la tórtola europea. En ambos casos, se utilizan informes de hace años que han sido elaborados de forma genérica, a nivel estatal o incluso internacional. SEO Birdlife considera que ha habido una regresión en la especie, "si bien las repoblaciones continuas y masivas que se realizan con fines cinegéticos podrían enmascarar sus tendencias", señala la ONG ambiental en el caso de la perdiz roja. A pesar de esta situación se cazaron 183.563 perdices rojas y 42.110 tórtolas, según los datos de capturas de 2017-2018 de la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente defiende en declaraciones a ElDiarioCyL.es: "La Junta maneja toda la información disponible, tanto propia como externa. Siempre se ha hablado de utilizar la mejor información disponible y esa es la que siempre se ha utilizado y también en esta ocasión", asegura la cartera de Quiñones, que insiste en que la información se actualiza "de forma continua" por la Junta, otras Administraciones públicas o Asociaciones o grupos de expertos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la presente legislatura. / Rubén Cacho / ICAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la presente legislatura. / Rubén Cacho / ICAL

Armada con esta documentación de organizaciones ajenas a la Junta de Castilla y León, la Consejería redacta el anteproyecto. La norma prevé realizar, una vez aprobada la Ley, un seguimiento de las poblaciones: censos, estadísticas y estudios para tener información actualizada. Fomento plantea crear un sistema de seguimiento continuo con "la mejor información científica disponible" entre la que se encuentran los inventarios cinegéticos, los censos de la Consejería, los datos de capturas obtenidos de los cotos y reservas, los datos de los cotos y cuanta información "válida y contrastable disponible".

El anteproyecto de la Ley de Caza, al que se pueden presentar alegaciones, también contempla la creación de una Comisión Científica de la Caza -cuyos miembros podrán cobrar por su trabajo- que deberá asesora a la consejería "al menos en la elaboración de la Estrategia Regional de la Caza y demás instrumentos de  planificación cinegética". Esta Comisión estará formada, si este artículo se mantiene en el futuro, por personas "de acreditada solvencia técnica o científica, y con reconocida experiencia" en la gestión de la caza o en las especies.

Esta norma se elabora entre procedimientos judiciales. Después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia anulara la Orden y el Decreto, la Junta recurrió ante el Supremo. Poco después, las Cortes de Castilla y León legalizaron la caza con un veloz procedimiento (Ley 9/2019), conscientes de que se trataba de un 'parche' que modificaba la ley para blindar las especies cinegéticas y los periodos y días hábiles para la caza. En junio de 2019, el Defensor del Pueblo interpuso ante el Tribunal Constitucional la demanda de recurso de inconstitucionalidad y el TSJCyL acordó en un auto elevar la cuestión de inconstitucionalidad.

[Lea la noticia completa en ElDiarioCyL.es]

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