La Audiencia Nacional sentará en el banquillo al 'popular' leonés Alfredo Prada por la Ciudad de Justicia de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto que se siente en el banquillo de los acusados juzgar el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el leonés del Partido Popular Alfredo Prada Presa, y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
Prada se ve asi abocado a un nuevo paso judicial en su contra por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que no llegó a culminarse a pesar de que llegaron a invertirse 356 millones de euros.
Prada Presa, que siempre ha defendido su inocencia, argumentando que todos los gastos millonarios están justificados, ocupó durante muchos años importantes cargos políticos también en representación de la provincia de León, como diputado nacional o senador, encabezando en numerosas ocasiones las listas electorales del PP leonés.
El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia de Madrid en manos de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.
El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Prada Presa, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, y del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal.
“Un plan criminal”
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica en su auto que los investigados, liderados por Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos [de la Ciudad de la Justicia], elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.
Según explica de la Mata, que examina de forma pormenorizada los contratos investigados en este procedimiento, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.
Buena parte de aquellas contrataciones de la época y del proyecto se dirigieron a empresas del empresario también leonés José Luis Ulibarri, como Begar, por un montante de 55 millones de los 105 ejecutados. Sin embargo, el empresario no se ve afectado en esta causa en modo alguno, al contrario de las que sí le afectan en calidad de imputados por tramas del PP como Gürtel, Enredadera o en algunos momentos la Púnica.
“En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, afirma el juez.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado procede, además de contra Prada, contra el que fuera director general técnico del proyecto Isabelino Baños Fernández, contra el subdirector general técnico Mariano José Sanz Piñar, contra el director financiero Alicio de las Heras Rodríguez y contra el que fuera director de Seguridad del Campus de la Justicia el comisario Andrés Gómez Gordo y a Félix José García de Castro. Asimismo, el magistrado archiva la causa para dos personas, María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.
