La Junta reconoce que más de la mitad de los abuelos de las residencias de León muertos por Covid no llegaron al hospital
Más de la mitad de los mayores que vivían en las residencias de León y que murieron entre el 14 de marzo y el 31 de octubre por causas relacionadas con la Covid-19, tanto confirmadas como con síntomas, no fueron trasladados a los hospitales de la provincia según reconoce la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León.
En concreto, de los 507 fallecidos en estos centros en la provincia leonesa, 233 fueron trasladados a los hospitales de León y El Bierzo y 274 no, según una tabla del Informe de la Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León que la Junta ha concedido tras una petición de Transparencia de iLeon.com.
León sería, junto con Salamanca, la primera provincia de la autonomía con más residentes de residencias fallecidos en ese lapso de tiempo según este informe, con 507 muertos cada una de ellas. Seguida de Valladolid (499) y Segovia (499). Y además la cuarta en muertos recogidos en las propias residencias (274) por detrás de Valladolid (291), Salamanca (312) y Segovia (317); las que menos fueron Zamora (con 112) y Palencia (56).
En números redondos la de León también fue la que más ancianos de las residencias fueron trasladados al hospital (233), seguida de Valladolid (208), Salamanca (195), Burgos (144). Por contra en Segovia y Soria fueron 75 y en Zamora y Palencia 50.
Sin embargo son los porcentajes los que terminan ofreciendo un matiz más claro de la gestión en cada provincia, ya que en Segovia el 80,87% de todos los que habitaban en estos centros y se infectaron mortalmente con el SARS-CoV-2 no salieron de ellos. En Zamora fue el 69,14%, mientras que en Ávila y Ávila superaron el 64%, en Salamanca el 61,5% y en Valladolid fueron el 58,32%. Ninguna provincia tuvo más ancianos fallecidos por el coronavirus trasladados a los hospitales desde los centros de mayores, ya que León y Burgos rondaron el 54% de cadáveres en los geriátricos y Palencia, con el menor porcentaje, casi un 53%.
En números redondos, en toda la autonomía de Castilla y León murieron hasta el 31 de octubre, según los datos oficiales de la Consejería de Familia, 2.938 personas que vivían en las residencias. De ellas el 62,08% no salieron de ellas, es decir, 1.824. Sólo se trasladaron 1.114.
Casi el 60% en la Región Leonesa
Los datos de la Región Leonesa se suman con los de Zamora y Salamanca y la provincia de León, las tres que la conforman. En Salamanca 312 de los 507 fallecidos no salieron de las residencias de mayores y en Zamora fueron 112. Así, en total, fallecieron en el País Leonés 1.176 residentes de estos centros; y 698 (el 59,35%) no llegaron a una cama de un hospital.
De los 1.762 muertos en las seis provincias castellanas que procedían de habitaciones de estos lugares, 698 tuvieron que ser llevados al cementerio desde el mismo geriátrico. El 63,90%. Con lo que la Región Castellana, más cercana a Madrid y el País Vasco tuvo una peor gestión en este sentido. De los fallecidos totales, el 40% correspondieron a la Región Leonesa y el 60% a la castellana.
Por último, contrasta la política sanitaria llevada a cabo en las otras residencias que están establecidas en la comunidad autónoma, las de discapacitados, también debida a la poca letalidad que allí se ha producido. En esos ocho meses sólo se produjeron 34 muertes. De las cuales 12 lo fueron en sus propias habitaciones (el 21,76%). Es decir, en éstas ocho de cada diez pacientes que terminaron falleciendo sí se trasladaron a los hospitales de Sacyl.
La fuerte resistencia de la Junta a ofrecer los datos
El 20 de mayo este digital republicó una exclusiva de elDiario.es en la que demostraba que la Junta ordenó no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia (o por lo menos hasta el 16 de abril), algo que el vicepresidente Francisco Igea negó rotundamente acusando de mentir a este medio. Sin embargo, la realidad era tozuda, más con los documentos que demostraban que quien faltaba a la verdad era la Administración autonómica.
A partir de ahí, una serie de medios de comunicación, entre los que se encontraba iLeon.com, solicitaron por transparencia un listado residencia por residencia de los fallecidos, pero la Consejería de Familia dirigida por Isabel Blanco se negó a dar los datos de las residencias privadas. Algo que hasta el Procurador del Común, en sus funciones de Comisionado de la Transparencia, llegó a definir como una obstrucción al derecho a saber de los ciudadanos por ser una información de “especial interés público”.
Pese a todo, la consejera de Familia siguió resistiéndose a facilitar la investigación de lo ocurrido en las residencias de mayores, hasta tal punto que tanto PP como Ciudadanos, los partidos de coalición que conforman el Ejecutivo autonómico, se han negado repetidamente a crear una Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla y León, como ocurrió este 3 de diciembre, y había vetado el acceso a informes sobre estas circunstancias.
