Fauna

Los sindicatos agrarios se unen a la Junta en la crítica al Gobierno por plegarse a ‘perroflautas’ contra la caza del lobo

Asaja y UPA censuran la decisión autonómica retirar a esta especie la condición de cazable en provincias como León y llegan a proponer, además de una batalla judicial, 'exportar' lobos a las autonomías que lo han votado.

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Un lobo ibérico en el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa, en León. / Carlos S. Campillo / ICAL
ileon.com  | 05/02/2021 - 12:03h.

Apenas un día han tardado los principales sindicatos agrarios en la Comunidad y la provincia de León en reaccionar airadamente, con idénticos argumentos a los de la Junta de Castilla y León, contra la decisión adoptada ayer en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural de prohibir la caza del lobo ibérico en toda España.

Por un lado, el sindicato Asaja rechaza con contundencia el acuerdo para sacar al lobo del listado de especies cinegéticas y ve la decisión como "una victoria de los conservacionistas, que ha sido posible por la propensión del Gobierno a tomar decisiones marcadas por sesgos ideológicos al margen de las valoraciones técnicas, de la equidad y del sentido común".

Se equivoca el Gobierno, recalcan, "legislando contra los intereses de quienes viven en los pueblos, sin escucharles ni empatizar con ellos, para tener contenta a una legión de conservacionistas 'perroflautas' unos y 'niños de papá' otros, que únicamente se acercan al campo de fin de semana y normalmente para crear problemas a la población local".

Aunque la organización agraria no está satisfecha con el control que se hace de la especie por la Junta, "ya que ningún año se cumplen los cupos de ejemplares que se pueden abatir", es decir, que no se cazan los suficientes, consideran que una regulación más restrictiva contribuirá a un censo mayor de camadas de lobos por todo el territorio de la provincia leonesa incluidas zonas en la que nunca antes se había avistado.

"Hoy el lobo es ya el gran enemigo de la ganadería extensiva en pastoreo, sobre todo de vacuno y de equino, en todas las comarcas montañosas y de media montaña de la provincia León", afirman en un comunicado y añaden que donde este cánido campa a sus anchas es inviable hacer una ganadería extensiva en la que el ganadero no está permanentemente presente con el ganado, "y aunque hubiera mecanismos de compensación económica, que no los hay, ello no sería una solución".

También lamentan que tan pronto como cambie el estatus actual del lobo al norte del río Duero, donde se encuentra la provincia de León, se dejará de percibir la indemnización por daños de este cánido en los cotos de caza que gestiona la Junta , como son las reservas de caza de los Ancares, Mampodre y Riaño. Aunque por otro lado, tales reservas tienen los días contados con la nueva Ley de Caza que la Junta aprobó ayer.

Y también la prohibición de la caza supone también una pérdida de ingresos para las juntas vecinales de la provincia propietarias de los cotos cinegéticos, detallan.

'Exportar' lobos a donde han votado a favor de su protección

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla y León calificó hoy de "atropello absoluto" la decisión adoptada con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribero, a la cabeza.

Y como medida, propone llevar cientos de estos animales salvajes que "sobran" en Castilla y León a los territorios que piden la máxima protección para la especie en el conjunto del país y cuyos votos permitieron ayer la aprobación de esta medida.

Un comunicado de UPA exige la dimisión "inmediata" de la ministra por "incompetencia" y "traición" a los ganaderos al anteponer los intereses de los lobbys ecologistas, que supone tener lobos y fauna salvaje antes que personas activas en la ganadería. En este sentido, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva el Ministerio de Reto Demográfico y transfiera las competencias a las comunidades autónomas de las decisiones que afecten a cada comunidad en materia medioambiental y de reto demográfico.

Piden batalla judicial

En esta línea, la organización solicitó a la Junta de Castilla y León una batería de iniciativas judiciales para paralizar esta decisión y para que el "atropello" contra los intereses de la Comunidad no se convierta en norma. También, pidió al ministro de Agricultura que dé un paso al frente y que, "de una vez por todas", sea firme y defienda los intereses y el modelo de ganadería extensiva, al que debería representar y defender. "Si no lo hace, estaría demostrando su incapacidad o su incompetencia, motivos suficientes para pedir su inmediata dimisión", aseveró la nota.

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