MEMORIA HISTÓRICA

El alcalde de Villadangos rechaza "odios y vísceras" tras la polémica por las exhumaciones y pide "calma y buena vecindad"

Alejandro Barrera asegura que lo sucedido en el concejo "se ha convertido en una injustificada algarada mediática, que ha despertado odios y vísceras" pero cree que "se ha vuelto a la cordura y se ha llegado a un entendimiento" para realizar las exhumaciones tras la visita de la Junta de Castilla y León.

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El vicepresidente de la Junta (segundo por la izquierda), Francisco Igea, y el alcalde de Villadangos, Alejandro Barrera (camisa marrón) en el cementerio.
A. Vega | 31/08/2021 - 19:33h.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación el alcalde del municipio de Villadangos del Páramo (León) quiere zanjar la polémica generada tras la denegación el pasado viernes por 22 vecinos de los permisos para exhumar restos de represaliados del franquismo del cementerio solicitados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Alejandro Barrera asegura que lo sucedido en el concejo "se ha convertido en una injustificada algarada mediática, que ha despertado odios y vísceras", con reflejo "entre los propios vecinos de Villadangos, a los que pido calma y buena vecindad". Por eso señala que "siempre he confiado en que se llegaría a un entendimiento entre todas las partes, y afortunadamente así ha sido", tras la visita este lunes del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que anunció que se activará la exhumación de víctimas no dando por válida la votación vecinal.

Barrera rechaza las críticas recibidas por la decisión del concejo lamentando que "A través de las redes sociales se han vertido auténticas barbaridades sobre Villadangos y sus vecinos, algo condenable e incoherente, que no merece este pueblo ni sus habitantes". El regidor cree que "se ha manipulado y tergiversado la información hasta tal punto, que era difícil ver que era cierto y que no en este último fin de semana de agosto".

Según el alcalde, ante los hechos se han mezclado conceptos "intencionadamente o no" como la propia Junta Vecinal, entidad local menor que lleva los bienes comunales del pueblo como es el caso del cementerio, y el ayuntamiento que preside, que tiene la capacidad de otorgar licencias. Así ha justificado que el asunto se llevar a concejo abierto, donde pueden acudir todos los vecinos, ya que "esta Junta Vecinal, siempre ha recurrido a la convocatoria y votación en Concejo Abierto de todas aquellas cuestiones que afecten a sus propiedades, o lo que es lo mismo, el patrimonio del pueblo de Villadangos". El Ayuntamiento de Villadangos condicionó la petición de excavación de la ARMH al permiso expreso de la Junta Vecinal para su realización y a la obtención de las licencias de obras y ambiental, algo que según su versión viene condicionado por la autorización de la Junta de Castilla y León, que la ARMH obtuvo el pasado mes de junio.

Sobre los más de 70 represaliados que están enterrados en fosas comunes del cementerio asegura que "Siempre se ha querido destacar la valiente labor por la que los vecinos del pueblo no dejaron abandonados a las víctimas de la represión, y pese a no ser vecino de la localidad, se les dio sepultura en el cementerio vecinal y se anotó en el libro de registro civil del Ayuntamiento con las máximas descripciones que pudieron".

Urna de la votación en el concejo de Villadangos del Páramo este viernes
Urna de la votación en el concejo de Villadangos del Páramo este viernes

En su versión, en el tenso concejo del pasado viernes, al que el alcalde no asistió y sí su número 2 que orientó el voto nacía el 'no', "nunca se pretendió votar ni el derecho de las familias a localizar a sus antepasados, ni la Ley de Memoria Histórica, (...), sino ese proyecto de actuación en concreto, y aclarar ciertos temas sobre los posibles daños a terceros, lo que sin duda provocaría un auténtico enfrentamiento entre esos afectados y la Asociación". Pero la negativa vecinal, condición impuesta por el Ayuntamiento, impedía llevar a cabo la búsqueda de los represaliados.

Barrera lamenta que en el concejo se produjeran "sin duda algunas intervenciones desafortunadas, otras que daban pie a una mala interpretación, o incluso que, al elevarse la tensión, se escucharan comentarios inapropiados por parte de algunos vecinos, tal y como ocurre hoy en día en las redes sociales, ya que no deja de ser un foro abierto a todos".

Este martes, tras la reunión del lunes con la Junta de Castilla y León que asegura que las entidades locales tienen la obligación de colaborar en las exhumaciones y no poner trabas, el propio alcalde se ha reunido con la ARMH y los familiares de los fusilados. En ella "He transmitido a los familiares mis disculpas por cualquier comentario ofensivo o hiriente que pudieran haber recibido de algún vecino durante la celebración del concejo; y también he hecho hincapié en que los trámites burocráticos que se están llevando a cabo, no deben ser vistos como obstáculos, sino como lo que son, parte de un proceso administrativo que muchas veces se dilata más de lo deseado", zanjó.

Para Barrera "se ha vuelto a la cordura y se ha llegado a ese mencionado entendimiento" obviando la votación del concejo y pendientes de que la Junta de Castilla y León de el visto bueno a las modificaciones del proyecto presentadas por la ARMH, pendientes de la licencia de obra que también se ha modificado.

El presidente de Castilla y León evita entrar en la polémica

El presidente del PP en Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado valorar las responsabilidades que puedan llegar a tener los miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villadangos o la Junta Vecinal, ambas gobernadas por el PP, por permitir la votación en el concejo sobre la exhumación en el cementerio de la localidad.

Textualmente, el presidente autonómico ha dicho "No tengo nada que añadir" a lo expuesto el día anterior por el vicepresidente Francisco Igea, que se acercó a la localidad leonesa para conocer de primera mano la opinión de los miembros de la junta vecinal y el equipo de Gobierno popular después de la polémica levantada. Igea señaló que ​​"El malentendido está solucionado" y que una vez obtenida la autorización, "todas las entidades locales están obligadas a colaborar".

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