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PROYECTO DE LEY

La Junta remite a las Cortes una nueva ley para proteger a los ciudadanos en situación de crisis

La Red de Protección garantizará por ley la provisión de alimentos y el pago de la deuda hipotecaria y el alquiler de vivienda. El proyecto de ley aprobado será remitido a las Cortes para que las nuevas prestaciones sean consideradas derechos subjetivos.

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Operación kilo solidario para recoger alimentos para familias con necesidades alimentarias.
ileon.com  | 22/02/2018 - 17:03h.

La nueva Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León garantizará por ley la provisión inmediata de alimentos y el pago de la deuda hipotecaria y el alquiler de la vivienda habitual a los ciudadanos que lo necesiten, además de prestar ayuda a los que estén en riesgo de desahucio, al pasar a ser considerados derechos subjetivos y, por tanto, prestaciones esenciales. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy el proyecto de ley de ordenación y funcionamiento de la red para su tramitación en las Cortes que implantará un modelo de Red para actuar de forma ordinaria, habitual y permanente y dejar de prestar ayudar solo en momentos de crisis. De ahí, la decisión de la Consejería de Familia de cambiar la denominación de la Red al perder su referencia a la crisis.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, aseguró que el objetivo principal del proyecto de ley que es pionero en España es llegar a más personas y familias vulnerables y más rápido. No en vano, recordó que la Junta destinó a la Red 190 millones de euros para atender a 190.000 personas mientras que el presupuesto en 2018 alcanzará los 206,7 millones para llegar a unas 200.000 personas.

Un incremento de beneficiarios que está relacionado con la decisión de las Cortes de flexibilizar los criterios para acceder a la Red y permitir compatibilizar las ayudas y prestaciones. También, aseveró que la aprobación de la ley posibilitará atender no solo a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica o social sino también a las que estén en desamparo personal y que requieran de una actuación inmediata como las víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas y en desamparo.

García destacó que la ley regulará las medidas para conseguir la inclusión social de las personas. Entre ellas, aparecen el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral, los acuerdos con operadores de servicios energéticos y los suministros básicos. Además, se amplían las prestaciones de la Red hasta llegar a los 34 recursos. Los 11 nuevos ya existían como tales pero no se desarrollaban a través del trabajo coordinado del sistema.

La consejera recordó que la Red de Protección que nació en noviembre de 2013 en un contexto de crisis económica y, desde entonces, se ha convertido en una herramientas eficaz para la atención a las personas vulnerables. Valoró que el proyecto de ley, aprobado hoy por la Junta, es fruto del consenso y la participación de los agentes del Diálogo Social, sin olvidar que supone el compromiso del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera con el apoyo a los que tienen más problemas.

El nuevo paso mejorará el propio funcionamiento de la Red, que aglutina a unas 300 entidades, gracias a la integración de los recursos y medidas, de una forma coordinada, integral, interrelacionada y dinámica, clave para contar con unos servicios sociales de calidad.

Mapa de recursos

Junto a la aprobación del proyecto de ley, el Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al Mapa de recursos de la Red de Protección, que unifica los recursos del sector público y del privado destinados a las personas en riesgo o situación de exclusión; dispone de una relación ordenada de las prestaciones, servicios y actuaciones que ofrece la Red; cuenta con una visión general del número de recursos de la Red y de su distribución en el territorio para una mejor planificación, intercambio de información y atención.

El mapa se configura en 567 dispositivos distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad, donde se ofertan las 23 prestaciones y recursos que se ampliarán a 34 una vez que las Cortes aprueben la nueva ley. Se agrupan en cinco clases, en función de la tipología de prestaciones y servicios, como la orientación y seguimiento; los equipos de apoyo técnico personal y familiar para la inclusión social; los de alojamiento para la inclusión; el empleo y la atención de las necesidades básicas.

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