Dos bufetes de fuera de León defenderán los intereses judiciales de la Diputación

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Se acabaron los tiempos de la contratación de abogados a dedo para defender los intereses de la Diputación de León. A día de hoy ya se han resuelto los contratos, divididos en dos lotes, para la asistencia de defensa letrada tanto de la propia institución como de todos aquellos asuntos relacionados con el Instituto Leonés de Cultura (ILC) y los consorcios provinciales del aeropuerto de León y el Provincial de Turismo que de la Diputación dependen.

Los contratos se habían licitado a un precio anual de 121.000 euros y las bajas ofertadas por los bufetes que han resultado ganadores del concurso público dejará la cuenta en poco más de 77.000 euros al año, teniendo en cuenta que la licitación preveía que pueda prorrogarse al menos otro año más.

Ninguno de los dos bufetes que han resultado adjudicatarios están físicamente implantados, al menos de momento, en la provincia leonesa. El Lote 1 cifrado inicialmente en 48.400 euros ha recaído en la unión temporal de empresas (UTE) Roibás Abogados, un conocido bufete gallego que ya gestiona los pleitos de municipios importantes como Santiago de Compostela o Lugo, entre otros.

Fue su propuesta la mejor valorada en la mesa de contratación tras proponer una rebaja del 29%, que hace que finalmente este lote cueste 34.365 euros anuales, incluyendo además mejoras como por ejemplo representar a la Diputación leonesa en casos de incapacitación de personas ingresadas en centros sociales de la institución, entre otras.

La coincidencia del caso de José Antonio Velasco

Se da la circunstancia curiosa de que de Roibás Abogados eran los letrados que dirigieron la denuncia por prevaricación contra el alcalde de Congosto y durante años vicepresidente para el Bierzo de la propia Diputación, el todopoderoso José Antonio Velasco (PP), que acabó con una condena firme que le costó tener que abandonar todos sus cargos políticos después de más de tres décadas como regidor y habiendo llegado a ser el número uno del partido para la comarca berciana.

El segundo lote ha recaído en el macro bufete Andersen Tax & Legal Iberia, presente en decenas de países por todo el mundo y que en España tienen su sede central en Madrid, con otras en Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona. En este caso, la cifra inicial de licitación de 71.300 euros se rebajó por parte de la adjudicataria en un abultado 40%, con lo que el coste final IVA incluido será de 42.780 euros cada uno de los dos años de contrato.

Los precios

En ambos casos se establecen unos costes fijos por cada tipo de litigio en el que se vea envuelto la Diputación de León, como por ejemplo 2.000 euros por procedimientos judiciales en primera instancia en cualquier juzgado de Castilla y León, con incentivos por resultados del tipo de 900 euros para cada sentencia favorable a los intereses de la institución. Y así unos cuantos supuestos.

El equipo de gobierno que preside Juan Martínez Majo ya había anunciado desde el principio del mandato su intención de contratar de manera transparente estos servicios en vez del sistema utilizado hasta ahora, por el que en los últimos años, especialmente bajo el mandato de la presidenta Isabel Carrasco, se había encargado casi en exclusiva el letrado leonés Alejandro García Moratilla, con desigual acierto en sus sentencias pero sobre todo con un elevado coste a las arcas provinciales. Bien es verdad que en esos últimos años ha sido muy elevado, cuando no abrumador, el volumen de litigios a los que ha tenido que hacer frente la Diputación de León por asuntos de toda índole, muy especialmente de carácter laboral e interno.

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