Una segunda sentencia anula el plan de bomberos de la Diputación y obliga a que sean funcionarios
Una nueva sentencia, y ya serían dos en el mismo sentido conocidas esta semana, anula el acuerdo por el que la Diputación de León puso en 2017 en marcha el plan de parques comarcales de bomberos, denominado Sepeis, para afrontar los incendios en los pueblos de la provincia, y exige que los bomberos que se contraten sean funcionarios.
El fallo estima un recurso presentado por el sindicato CSIF, que advierte que presentará denuncias en otras provincias de la Comunidad en las que se creen servicios de extinción de incendios comarcales similares incumpliendo la Ley, que exige que los bomberos sean funcionarios con el reconocimiento de agentes de autoridad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta en una nota de prensa a la Diputación de León a que respete la Ley y reconduzca la creación de los necesarios parques comarcales de extinción de incendios con bomberos profesionales y funcionarios, como así señala “la contundente y ejemplar” sentencia del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 1 de León, que declara nulo un acuerdo de la Diputación de León, de 25 de octubre de 2017, sobre la aprobación de los parques de bomberos comarcales.
El fallo del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 1 de León estima el recurso interpuesto por la representación procesal de Csif contra el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de León de fecha de 25 de octubre de 2017, “por medio del cual se procede a la aprobación definitiva de la Memoria comprensiva de los aspectos social, jurídico, técnico y financiero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de León, declarando la nulidad de dicho Acuerdo”.
Con ese acuerdo, ahora anulado, la Diputación de León, señala el sindicato, “pretendía cubrir adecuadamente el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento por toda la provincia, ya que ahora solo existen dos parques de bomberos profesionales en León y Ponferrada, y por ley se debe encargar de dar ese servicio esencial, en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan unos medios propios”. Para ello, la institución provincial quería crear parques comarcales de bomberos en Villablino, Cistierna, Celada de la Vega, Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Juan.
Sin embargo, el Csif apunta que el problema de esta iniciativa es que “lleva años enzarzada en un inexplicable empeño de crear un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, mediante la gestión directa de las funciones de dirección, planificación, coordinación y control con bomberos funcionarios, mientras el resto del personal de bomberos se llevaría a cabo de forma indirecta, por medio de un contrato con una empresa para que preste este servicio”.
Ante esta situación, ahora revocada por el Juzgado, el sindicato advirtió desde el inicio que los bomberos debían ser funcionarios, ya que las tareas que tienen que llevar a cabo conllevan necesariamente el ejercicio de funciones de agente de autoridad, “que solo se reconoce al profesional funcionario”. No obstante, lamentaron que la Diputación leonesa “trató de evitar esa obligada contratación de bomberos funcionarios, esgrimiendo como argumento la limitación de la tasa de reposición en el empleo público”.
Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios lamentó que “el empeño de la Diputación de León de ir en contra de la legalidad vigente supone un nuevo parón en la creación de los parques comarcales de bomberos previstos en la provincia, mientras ahora la institución promete poner en manos de otra empresa privada la realización de un informe sobre las necesidades de la provincia”.
