Un juez tumba el plan de parques comarcales con bomberos privados que defendieron Carrasco, Barazón y Majo
Quince años de retraso en crear un servicio básico en el que no pocos vecinos se juegan hasta la vida en los pueblos de León. Quince años cumple el retraso del impulso a los traídos y llevados parques comarcales de bomberos, con los que no cuenta la provincia leonesa pero sí el resto de provincias de la Comunidad, un plazo que pone en ridículo y en entredicho la gestión que en materia de seguridad ciudadana ha venido realizando la Diputación leonesa, con la desidia añadida de la Junta de Castilla y León.
Tras conjurarse como nunca el anterior equipo de Gobierno de la institución provincial, del PP, liderado por Juan Martínez Majo, para impulsar el llamado Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (Sepeis), el último varapalo que echa por tierra todo el esfuerzo llega ahora de manos de la Justicia, que da la razón a quienes, durante años, defendieron que el plan para dar seguridad a los vecinos de los pueblos ante los incendios no podía sustentarse en una plantilla con bomberos privados, no funcionarios.
Durante años, los últimos presidentes populares de la Diputación, desde Isabel Carrasco a Juan Martínez Majo, pasando por Marcos Martínez Barazón, que llegó a firmar un plan con el entonces consejero de Fomento Antonio Silván, defendieron a ultranza y justificaron que el plan de bomberos sólo sería posible y además sólo sería rápido si el grueso de la plantilla de bomberos eran personal contratado a través de una empresa que gestionara todo el sistema.
Años de críticas y protestas
No importó que hubiera manifestaciones de colectivos profesionales de bomberos o airadas críticas de numerosos partidos políticos, inicialmente desde el PSOE a UPL, pero sobre todo con fuerza por parte de Izquierda Unida y Podemos.
A pesar de todo, el PP del entonces presidente Juan Martínez Majo, que se había marcado el desarrollo de la extinción como meta de la legislatura, en tales términos de privatización aprobó en 2017 todo el plan con forma de una Memoria de aspectos social, jurídico, técnico y financiero del ansiado Sepeis que crearía una plantilla de 75 bomberos no funcionarios y para una red de tres parques principales, tres secundarios y otros municipales.
Sería, defendieron, la manera de pasar a atender cualquier siniestro en menos de media hora de viaje, cuando ahora llegar desde León o Ponferrada lleva hasta desplazamientos de hora y media o más, muchas veces demasiado tarde.
El recurso de 2018
Sin embargo, como ya se había anunciado si la privatización de la plantilla se mantenía, hubo recurso judicial. Lo interpuso en 2018 la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Y no sólo contra la Diputación leonesa sino también contra los sindicatos CSIF y la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT.
Ahora, tres años después, llega desde la Justicia el último capítulo del desastre. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de León que anula en su totalidad el plan provincial Sepeis al estimar el recurso del colectivo de bomberos con un argumento tan categórico como sencillo: que un bombero, con la autoridad y responsabilidad con la que está investido, necesariamente ha de ser un funcionario público.
Una sentencia categórica
El magistrado, en apenas ocho folios, zanja que “la desagregación de funciones que se desprende de la memoria” aprobada por la Diputación “no es legal ni materialmente posible, pues pretende segmentar de forma ciertamente artificiosa las funciones relativas a un servicios público que, como tal, tiene carácter unitario (...) y sería prestado a través de un contrato de servicios”.
El magistrado estima “irrelevante” que la Diputación no pudiera ampliar su plantilla pública por la tasa de reposición y se fija, más bien, en negar el argumento defendido por el PP de que los profesionales de la extinción que serían contratados a través de una empresa, 75 en total, no tendrían ningún tipo de autoridad.
La cual, por otro parte, le otorga incluso la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, la misma que desde 2007 exige, sin que la Junta haya hecho nada en el caso de la provincia leonesa, que los pueblos sean atendidos en tiempos razonables ante un siniestro, no como hasta ahora, que sólo funcionan los parques de León capital y Ponferrada.
Un nuevo estudio
El conocimiento de esta clara sentencia, que tumba todos los planes en vigor, obligará al actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL a reconsiderar todo el sistema de extinción provincial, ralentizado además por el nulo interés de las empresas por hacerse cargo de las obras de la mayor parte de los parques comarcales que dejó enfilados el PP, cuyos concursos han quedado desiertos, salvo el de Villablino.
El actual presidente de la Diputación, Eduardo Morán, ha anunciado que la reconsideración de todo el plan pasará por una nueva propuesta que realizará “una empresa especializada” a la que se le ha encargado un estudio. De modo que se repensarán ubicaciones de los parques comarcales (ahora estaban previstas en Villablino, Cistierna y Celada de la Vega los principales, y Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Don Juan los secundarios), material necesario y la dotación de personal que será necesaria. Y que, tras años de críticas y debates, habrá de ser una plantilla pública.
Mientras, es evidente la necesidad de que León, como las demás provincias de la Comunidad -muchas de ellas en su día con apoyo económico directo de la Junta- cuente con una red de parques. Lo certifican estadísticas como la de un informe de la Fundación Mapfre que en 2018 contabilizó un total de 851 incendios urbanos en la provincia leonesa, es decir, en casas o naves de los pueblos, con el resultado de tres personas muertas.
