Salguero afirma no tener nada que ver con los tejemanejes de 'Enredadera' y desmiente las conversaciones que le mencionan en el sumario

Tan contundente como ilustrativo, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, del que esta mañana se informó de que estaba mencionado en las conversaciones del Patatero de Astorga transcritas en el sumario de la Operación Enredadera, afirma en un comunicado que no tiene nada que ver con ningún tipo de contratación —o intento— presuntamente irregular con empresas de la trama Enredadera.

Es más, la mayoría del escrito se basa, precisamente, en una información publicada ya por ILEON.COM al respecto de un intento de Angel Luis García Martín (el Patatero de Astorga) en intentar colar la citada aplicación informática para gestión policial en la administración municipal legionense. Hasta tal punto, que prácticamente reproduce párrafos de aquella noticia publicada por este digital el pasado 9 de julio titulada: 'El Patatero' intentó cambiar en 2014 la gestión de multas de la Policía Local del Ayuntamiento de León.

Por su interés informativo, este digital reproduce fielmente la nota enviada por el abogado de Fernando Salguero a todos los medios de comunicación:

Al tomar posesión mi cliente del área de Seguridad y Movilidad en el Excmo. Ayuntamiento de León se encontraba vigente un convenio firmado por la anterior Corporación, con fecha 1 de agosto de 2014, con la empresa INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.L., representada por don Ángel Luis García Martín, con el objetivo de desarrollar una aplicación informática de gestión operativa de servicio de la Policía Local, que fue rubricado con fecha 1 de agosto de 2014 y que ofrecía desarrollar sin coste alguno, gracias al trabajo de la Policía Local una aplicación para tabletas que permitiera, entre otras cosas, gestionar multas, realizar denuncias de tráfico y cobrar tasas de la grúa municipal en la misma calle y otras varias, todo ello de forma telemática. Convenio que se debería desarrollar en el plazo de un año.

Como contrapartida, el personal de esa empresa ofrecía la cesión de dos dispositivos portátiles y la instalación de un servidor en las instalaciones de la Policía Local. Y una vez desarrollado el programa la obtención de una licencia al ayuntamiento con dos años de gratuidad en el mantenimiento.

Ello hubiera supuesto, de haberse terminado, que en 2017 comenzara el período de pago de la correspondiente cuota de mantenimiento y las demás licencias de uso de las decenas de tabletas que se hubieran requerido por los agentes, aparte de la integración del programa Gespol en el día a día de la gestión policial municipal.

Tras un breve periodo, el Sr. Salguero desechó la idea de tal adquisición, no dando su visto bueno a la inclusión de la compra de las tabletas en el presupuesto municipal, ni de 2016, ni de 2017, ni de 2018 ni, por supuesto, de las cuotas de mantenimiento, basado fundamentalmente en el conocimiento que traía adquirido del programa Eurocop, que ofrecía un comportamiento óptimo y que gran parte de los cuerpos de Policía Local de Castilla y León tienen cedido por la Agencia de Protección Civil de la Administración Autonómica.

Fue el Sr. Salguero quien personalmente decidió abortar esta adquisición.

Al poco tiempo se iniciaron los trámites para la adjudicación mediante concurso público del Contrato de Gestión de tráfico, ya que vencía el que estaba en vigor.

A partir de ese momento fueron innumerables las empresas que se interesaron por el mismo, entre ellas la que figuran en los artículos de prensa referidos. Respecto a esto quiero manifestar en nombre de mi cliente:

Nadie puede subir por ninguna puerta trasera porque no hay.

Nadie ha podido subir en un ascensor con llave, porque no existe;

Con nadie ha llorado, menos con desconocidos de los que no recuerda ni siquiera haber recibido, y menos aún por causa de cuestiones profesionales.

En ningún momento ha valorado si 20.000 o 30.000 euros es mucho o poco dinero para la adquisición de un programa informático policial ya que, como he señalado anteriormente, su conocimiento del programa Eurocop hizo que desde un primer momento fuera desechada cualquier otra adquisición en ese sentido, máxime cuando éste es de carácter gratuito por estar cedido en uso por la Agencia de Protección Civil de la Administración Autonómica, habiendo dedicado como director que fue de esta casi cuatro años a afianzarlo en todas las localidades de Castilla y León con cuerpo policial municipal, conociendo sus versatilidades que supera con gran diferencia a cualquier otro, a mi entender, de los existentes en el mercado.

Mi cliente ha recibido a todos aquellos empresarios, individuales o sociales, que lo hayan solicitado, así como a infinidad de asociaciones y particulares endiferentes facetas.

No ha comido jamás con esos señores, ni con ellos ni con ningún otro relacionado con el contrato en cuestión, lo hayan intentado o no; es más, no recuerda ni siquiera que se ofreciera tal posibilidad, fueran sus pretensiones cuales fueran.

Con nadie ha tenido 'conchabeos' de ningún tipo a no ser que ofrecer un trato afable pueda así ser considerado.

Nunca, nadie, de su despacho ha podido salir con la creencia de haber conseguido algo ilícito.

No es responsable de conversaciones que con terceros hayan tenido entre sí, producto, podría ser, de fabulaciones interesadas.

No ha intervenido, ni directa, ni indirectamente, en la elaboración de los pliegos de contratación ni ha dado instrucciones acerca de ellos, que siempre fueron elaborados desde una faceta técnica con una pulcritud extraordinaria.

Hay que tener en cuenta que la empresa representada por estos señores quedó la penúltima de las concursantes. Es decir, en una se desechó la adquisición de las tabletas y, en otra, quedaron los penúltimos.

Y, por último, sorprende que salgan este tipo de informaciones cuando sigue vigente el secreto del sumario salvo para las partes declaradas judicialmente como 'investigadas' —antes imputadas—.

Por último, destacar que el abogado de Fernando Salguero —que remite este escrito a los medios de comunicación— afirma al final que el teniente de alcalde de León “él mismo se reserva el ejercicio de cuantas acciones judiciales le asistan en defensa de su nombre y honor”.