Un conflicto de lindes lleva al alcalde de Gradefes a declarar como imputado por presunta prevaricación

Amador Aller, alcalde del PP en Gradefes.

A. Vega / C.J.D.

El miércoles 30 de enero el alcalde de Gradefes, Amador Aller (PP), y el arquitecto municipal tendrán que acudir al Juzgado de Instrucción 4 de León en calidad de investigados, antigua figura de imputados, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La oposición municipal encarnada por Ciudadanos Rurales Agrupados (CRA) ya han pedido al regidor que dimita para salvaguardar la dignidad municipal.

El conflicto que lleva al regidor popular ante el juez se remonta al año 2016 cuando denegó una licencia de cerramiento de una finca en la pequeña localidad de Casasola, con apenas una treintena de habitantes censados. La denegación de esta licencia provocó un juicio contencioso-administrativo que el Ayuntamiento acabó perdiendo en 2017. Las presuntas irregularidades del procedimiento llevaron a la vecina a presentar una denuncia contra el regidor y el empleado público que avalaron la denegación, que luego la Justicia consideró no suficientemente motivada.

El conflicto de lindes radica en la existencia o no de un paso público a varias fincas aledañas al casco urbano de la localidad. Además de denegar la licencia de vallado el Ayuntamiento inició, a instancias del propio alcalde, un procedimiento extraordinario para la recuperación del supuesto camino. Los afectados recurrieron y unieron en un mismo contencioso todo el expediente, dándoles el juez la razón a la postre al considerar que Gradefes no llegó a justificar de forma fehaciente la propiedad pública del supuesto camino, pese a que varios vecinos ratificaron su existencia en declaraciones en la secretaría municipal.

El Ayuntamiento de Gradefes aprobó el pasado otoño un acuerdo plenario para volver a intentar, por otra vía, la recuperación del supuesto camino, momento en el que se ha efectuado también la denuncia contra el regidor y el funcionario por presunta prevaricación administrativa.

Entre los argumentos de los denunciantes están el uso indebido de documentación pública, con selección de mapas que favorecía los argumentos municipales y no los que permanecen en vigor, así como la toma de decisiones sin las debidas jutificaciones que deben exponerse de acuerdo a las normas urbanísticas.

“Yo no he dictado nada”

En conversación con iLeon.com, el alcalde, Amador Aller, afirma sentirse “muy tranquilo”, y no sólo porque “tenemos el convencimiento de haber obrado bien, a pesar de que es verdad que hubo errores pero sólo administrativos que estamos subasnando”, sino también por el hecho de que “no hay ninguna resolución mía como alcalde” en este asunto, porque todas las aprobaciones han sido derivadas “a la Junta de Gobierno y al Pleno”. Es decir, que “yo no he dictado nada”, aparte de que “en ningún momento se ha actuado para perjudicar a nadie”.

El alcalde ve “fuego amigo” para forzar otro candidato

El regidor confirma que seguirán adelante con la defensa de ese camino vecinal, “por la vía civil, como nos recomendó la sentencia administrativa, que es el correcto”, y lamentó haber tenido que “sufrir presiones” por este asunto, a las que “no cedo porque quiero dormir tranquilo por las noches”. No aclaró si esas “presiones” recibidas fueron de carácter político e incluso del entorno de su propio partido, el PP, aunque sí aseguró que el “fuego amigo” está detrás en parte de esta denuncia. “Supongo que alguien quería ser el próximo candidato del PP, y es algo que desanima bastante, pero también recibes el apoyo de los vecinos, muchos que me dicen incluso que no son votantes (de esta formación), y eso satisface”.

Por último, respecto a una posible sentencia condenatoria o incluso respecto al hecho de que tal no se produzca antes de las elecciones de mayo y continúe pesando sobre el la condición de investigado judicial (antiguo imputado), Aller asegura que no le preocupa y cree que podría seguir siendo el candidato, porque en principio tiene claro “no ceder” ante los que “quieren ganar en los despachos y en los juzgados lo que no ganaron en las urnas”.

Cabe recordar, por contextualizar, que en el actual mandato municipal y por unas circunstancias con cierto parecido al caso de Gradefes, tuvo que dimitir el alcalde Congosto, el popular José Antonio Velasco, al ser condenado por prevaricación urbanística.

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