El Pacto Antitransfuguismo impide poner sueldo al concejal Pastrana si es expulsado de Podemos
La incorporación en el equipo de Gobierno del PSOE del, hasta el momento, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de León, Nicanor Pastrana, chocaría, de ser expulsado de la formación morada y pasar a la condición de no adscrito, con la aplicación del Pacto Antitransfuguismo.
Este documento determina que las remuneraciones de los ediles con esta consideración “no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”, lo que supondría que otorgarle una dedicación exclusiva tal y como ha anunciado el alcalde de León, José Antonio Diez, podría vulnerar este pacto firmado entre los partidos para evitar compras de voluntades o que expulsados lograran amplias cuotas de poder.
Fue este último el criterio aplicado, por ejemplo, en el recurso presentado por el PP en Ponferrada que motivó una sentencia que obligaba a los antiguos concejales del PSOE que suscribieron una moción de censura con IAP (Independientes Agrupados de Ponferrada) en 2013 a devolver los sueldos percibidos desde entonces por ser superiores a las asignaciones fijadas cuando representaban a las siglas socialistas.
Los concejales no adscritos, añade el Pacto Antitransfuguismo (aprobado en 1998 con otros dos añadidos, en los años 2000 y 2006), no tienen derecho a participar en todas las “comisiones plenarias”, ni podrán participar en la Junta de Portavoces, ni tendrán “en modo alguno” reconocidas “asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos”.
En cuanto a la integración de ediles no adscritos en ejecutivos locales, el acuerdo obliga a los partidos políticos firmantes a “no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia”, al tiempo que “rechazan la posibilidad de que por parte del alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas”. Del mismo modo, añade la normativa, “se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en entidades empresariales o financieras, fundaciones, cajas y demás entidades de la que el Ayuntamiento forma parte”.
La aplicación del Pacto Antitransfuguismo compromete a los partidos políticos firmantes, entre ellos el PSOE y el PP, a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” a través de intervenciones como “no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos” o “la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”. La herramienta, ahora con la polémica por la posible incorporación del representante de Podemos al Ejecutivo local del PSOE en el Ayuntamiento de León como telón de fondo, fue en su día clave para la creación de la figura de “los concejales no adscritos”.
El Pacto ya prevé la creación de una Comisión de Expertos Independientes que “determine la concurrencia o no de transfuguismo” cuando la Comisión de Seguimiento “no llegue a una valoración unánime de un caso”. Desde los comicios municipales de 2007, las formaciones políticas que suscribieron el acuerdo se comprometieron a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas, sea cual sea el partido al que hubiesen pertenecido”.
¿Está vivo el Pacto Antitransfuguismo?
Un diputado de Unidos Podemos en el año 2016 fue el que hizo esta pregunta al entonces Gobierno de Mariano Rajoy, intentando conocer las razones por las que el Pacto Antitransfuguismo no se reunía desde diciembre de 2010.
Este pacto fue firmado en 1998 por la mayoría de los partidos del arco parlamentario de entonces, por lo que las nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos no lo han suscrito por no haberse actualizado. Intentaba impedir este pacto la compra de voluntades con cambios bruscos de poder limitando las funciones de los concejales que cambiaban de partido reteniendo el acta, que en varias sentencias el Constitucional ha confirmado como siempre personal.
Un cambio de gobierno en Benidorm y la candidatura posterior provocó que PP y PSOE discutieran sobre la validez del pacto y su cumplimiento. En el año 2017 Ciudadanos reclamó al gobierno del PP, sin éxito, la convocatoria del pacto para sumarse al mismo ante varios casos de transfuguismo que estaban sufriendo los naranjas.
El pacto se renovó en los años 2000 y 2006 y aunque contemplaba dos reuniones anuales mínimo de la Comisión de Seguimiento, quedando a cargo del ministerio con las competencias de administración su convocatoria. Pero desde el 2010 nada se sabe del mismo aunque en la web del actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública sigue figurando la información y las actas de las reuniones.
¿Y qué dice la Ley?
A finales de 2003 hubo una reforma de la ley reguladora de Bases de Régimen Local que incluyó modificaciones inspiradas en el Pacto Antitransfuguismo contemplando por vez primera la figura de los concejales no adscritos, es decir, los expulsados de los partidos o que los han abandonado por iniciativa propia el mismo.
En el el artículo 73 de la citada ley, se explica que “a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos”.
En este mismo artículo se especifica que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación”.
La aprobación del sueldo para el concejal Pastrana estará sometida, en todo caso, a su visto bueno en el pleno del Ayuntamiento de León, que se celebra con carácter general el último viernes de cada mes, donde necesitará más síes que noes para su aprobación. En uno celebrado en el mes de agosto se aprobó que el grupo de Podemos contó además con un auxiliar para las funciones municipales.
El Consejo de Coordinación Autonómica de Podemos analizará este jueves, según ha podido conocer este periódico, la situación generada en León tras el paso del concejal Pastrana de entrar en el gobierno del PSOE, pese a que la gestora ha roto las negociaciones al no aceptar la disciplina de voto que exigía el alcalde Diez. Sobre la mesa está la apertura de un expediente que se elevará al Consejo de Garantías estatal que decidirá, previa audiencia al interesado, sobre si su decisión es compatible con seguir o no en Podemos.
