Castilla y León afronta la primera moción de censura de su historia con incertidumbre sobre el resultado

La última vez que un socialista presidió la Junta de Castilla y León, Robocop acababa de estrenarse en los cines y Joaquín Sabina todavía no había tocado en público su eterno “Así estoy yo sin ti”. El 27 de julio de 1987, José María Aznar sustituyó a Contastino Nalda y tomó posesión como primer presidente de derechas de la Junta de Castilla y León. Entonces ni siquiera existía el Partido Popular y las Cortes autonómicas se reunían en el Castillo de Fuensaldaña. Ahora, 34 años más tarde, el parlamento autonómico tiene su sede en un flamante edificio moderno, no exento de polémica por los sobrecostes que llevó su construcción en la capital vallisoletana. Allí, a orillas del Pisuerga, se debatirá este lunes la primera moción de censura de la historia de la comunidad. Aunque es improbable, los socialistas tienen su mejor oportunidad de llegar al poder en décadas. Desde el PSOE insisten en que hay partido, sobre todo desde que una diputada de Ciudadanos haya abandonado el grupo parlamentario a tres días de la votación.

En mayo de 2019 el PSOE ganó las elecciones autonómicas con 35 de los 81 diputados en juego. Como en otras comunidades autónomas conservadoras, el PP se descalabró en uno de sus grandes feudos. Lejos de las mayorías absolutas de Juan Vicente Herrera, su sucesor, Alfonso Fernández Mañueco (hombre de partido, poco carismático pero leal a las siglas y a la moderación), tan solo había conseguido retener a 29 procuradores, los peores resultados del Partido Popular en una tierra que había servido de granero de votos. En esos comicios, como en Madrid o en la Región de Murcia, la irrupción de Ciudadanos supuso la derrota histórica de los 'populares' en sus feudos e insufló de esperanzas a los socialistas que creyeron alcanzar el poder con sus dedos.

El sueño duró poco en Castilla y León. El alto mando de Ciudadanos frenó en seco aquellas pretensiones socialistas cuando eligió al PP como “socio preferente”. Las direcciones nacionales enviaron a sus negociadores desde Madrid para urdir lo que hasta entonces el PP había llamado 'pacto de perdedores'. A Valladolid llegaron José María Espejo (Ciudadanos) y Teodoro García Egea (Partido Popular), quienes negociaron y se repartieron el gobierno autonómico castellano y leonés. Esta intervención fue recibida con desigual optimismo: Mañueco se dejó hacer, mientras que Francisco Igea miraba desde la barrera. Era el candidato improbable. Un médico y “ciclista fondón”, como él se describe, hasta entonces diputado en Madrid y miembro de la Comisión de Sanidad, directo y dado a veces a cierta grandilocuencia, gustaba poco en su partido tras haber ganado en las primarias a Silvia Clemente, exconsejera del PP y candidata oficialista de Ciudadanos, contra todo pronóstico y pucherazo mediante.

“La gente ha dicho basta a 32 años de gobierno del PP”, había dicho Igea en campaña. Aquellos días el PSOE daba casi por seguro que alcanzarían el poder con Ciudadanos, pero no pudo ser. La dirección de Ciudadanos lo impidió y el PSOE de Castilla y León no perdonó la “traición” a Igea. Los socialistas castellanos y leoneses hablan de “pacto de la rapiña” para referirse al acuerdo de Gobierno PP-Ciudadanos y llevan toda la legislatura haciendo una durísima oposición. No en vano, son el principal grupo en las Cortes y sienten que merecen sentarse en la mesa del Consejo de Gobierno. La oposición a la Junta ha estado liderada por Tudanca, pero ha tenido la secretaria de organización, Ana Sánchez, como uno de sus principales arietes. De hecho, será Sánchez la encargada de presentar la moción de censura este lunes.

Este fin de semana, tras enterarse de que se enfrentará a Sánchez en las Cortes, Igea respondió: “Será un placer poder contestarla en nombre del gobierno. Llegó la hora de la política”. El vicepresidente improbable se siente cada vez más cómodo con el pacto con el PP, cuyo cumplimiento ha defendido desde que estalló la moción de censura en Murcia. La pandemia le ha dado una visibilidad inesperada como portavoz de la Junta y han sido las consejerías en manos de Ciudadanos (Sanidad, Transparencia y Empleo) las esenciales durante la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. Igea, con pocos apoyos en Madrid tras haber desafiado a Arrimadas el pasado año en las primarias, se ha hecho fuerte en Valladolid; y pese a las desavenencias que a veces se producen en los Consejos de Gobierno, no se arrepiente del pacto con el PP. Hace unas semanas llegó a afirmar que daba “gracias a Dios todos los días” por no haber pactado con el PSOE.

Los socialistas desvelaron en febrero que trabajaban desde hace tiempo en la moción, aunque sin fecha en el horizonte. “Puede ser en un mes, en dos o en ocho, pero habrá moción de censura”, aseguraban entonces fuentes del partido. Fue el terremoto murciano lo que propició que movieran ficha tras la llamada del presidente Pedro Sánchez. Los números, sin embargo, están todavía lejos de cuadrar, salvo sorpresa. Según el estatuto de autonomía de Castilla y León, para que la moción de censura salga adelante es necesario que el candidato propuesto, es decir, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, logre el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara: es decir 41 escaños. Confirmados solo tiene 37, los 35 del PSOE y dos procuradores de Podemos, porque María Montero, la tránsfuga de Ciudadanos que el viernes provocó un shock en todos los partidos, tras anunciar que se pasaba al grupo mixto, no ha anunciado el sentido de su voto, si bien aseguró en un comunicado que se iba para poder apoyar la regeneración en la Comunidad.

Por ello, los votos de los 11 procuradores de Ciudadanos son indispensables. Desde el PSOE castellano y leonés, insisten en que ni buscan ni han buscado romper el grupo parlamentario, sino que apelan a la conciencia de los procuradores. Este fin de semanas, cuatro de las cinco diputadas autonómicas de Cs no tardaron en reiterar que apoyarían la coalición y votarían 'no' a la moción socialista. Fueron ellas las más explícitas tras el anuncio de la marcha de Montero al Grupo Mixto, que comunicó a varios medios a través de una dirección de correo que llevaba por nombre “procuradorascyl”, en femenino y en plural. Ya sea convenciéndoles con la responsabilidad o con prerrogativas no comunicadas, los socialistas necesitan al menos a tres procuradores naranjas o pactar con los regionalistas de la Unión del Pueblo Leonés o de Por Ávila (escisión del PP) que cuentan cada uno con un escaño en las Cortes y con un díscolo de Ciudadanos. Sin estos apoyos, la moción del PSOE está abocada al fracaso. Por Ávila anunció a ultima hora de la noche de este domingo que su voto iba a ser de abstención.

El Pleno podría prolongarse hasta el martes, aunque la intención de los grupos es que el mismo lunes quede resuelta. El martes 23 hay prevista una visita del rey Felipe y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la factoría de Renault en Palencia. A esa cita acudirá también el presidente de la Junta de Castilla y León, sea Alfonso Fernández Mañueco o Luis Tudanca.