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Medio Ambiente

El lobo acecha al juez y consejero de la Junta Suárez-Quiñones ante los tribunales por insistir en su caza

Una asociación conservacionista eleva a la Fiscalía la insistencia de la Junta por dar caza a ejemplares de esta especie a pesar de multitud de sentencias contra su pretensión. El consejero leonés insiste en que sean los responsables de los cotos, también ayuntamientos y pedanías, así como ganaderos armados, los que colaboren en atajar daños, que en León descienden.

LOBO IBÉRICO juan carlos suárez quiñones consejero medio ambiente junta denuncia
ileon.com  | 14/02/2019 - 09:50h.

Le persigue el lobo al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el juez leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Y le persigue en los tribunales de justicia a lo largo de este mandato a causa de su insistencia en que sea matando ejemplares como se realice el control de las poblaciones de este animal, como medida para poner coto a los daños que causa en el sector ganadero, daños por otro lado decrecientes en la provincia leonesa a pesar del aumento de los ejemplares.

El último 'ataque' judicial se anunció ayer mismo: la organización conservacionista del lobo ibérico, Lobo Marley, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente basada lo que considera que es una "inquina irracional que la junta de Castilla y León está mostrando contra el lobo con su intención declarada de matar lobos 'de oficio' pese a la prohibición de su caza por los tribunales".

Detalle de la imagen de la polémica.
Detalle de un ejemplar abatido oficialmente en Asturias.

La denuncia está firmada por Luis Miguel Domínguez Mencía, presidente de la Asociación Lobo Marley, y se acompaña de algunas de las últimas declaraciones del consejero autonómico y magistrado leonés, a raíz de dar a conocer que se ha buscado un atajo legal para poder abatir ejemplares de esta especie en la Sierra de la Culebra (Zamora).

Ayer mismo en una visita a León, Suárez-Quiñones insistía en que, a pesar de la expresa prohibición de caza de lobo por varias sentencias judiciales, que acabó forzando una "suspensión provisional por la Junta", su departamento "hará actividades de control allí donde es necesario para mantener el equilibrio de las especies".

En base a esto, defendió que en todo el territorio al norte del Duero -al sur está prohibido además por la Unión Europea- sean los propietarios de cotos de caza, incluyendo en muchos casos ayuntamientos y juntas vecinales, como ocurre en la provincia leonesa, los que notifiquen si hay ataques y soliciten batidas para acabar con ellos. Previa una "decisión técnica, después de los informes correspondientes", la Junta acometería estas batidas.

Adelante con la caza en el Parque Nacional de Picos de Europa

Al mismo tiempo, defendió la propuesta de que los lobos ibéricos también se puedan cazar en el Parque Natural de Picos de Europa que comparten León, Asturias y Cantabria, propuesta defendida al unísono por las tres Comunidades autónomas, que ya causó en su día un enorme rechazo de los ecologistas y que los ganaderos asturianos, por ejemplo, exigen incluso con manifestaciones.

Preguntado por qué se defiende esta medida en la vertiente leonesa, donde un informe de la propia Junta desechaba en 2013 esta medida, entre otras cosas porque los ataques al ganado en los municipios leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre son prácticamente inexistentes, como demuestra la estadística oficial del Parque, el consejero insistió en que se trata de "intereses generales que nadie puede discutir", porque "una de las medidas contra la despoblación es que los ganaderos puedan pervivir porque a su ganado no se lo coma la fauna salvaje". Eso sí, "si no hay daño de lobos", como en León ocurre, "no habrá control de lobos", zanjó.

Una cascada de sentencias en contra

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, preside la reunión de la Mesa del Lobo de Castilla y León. / Miriam Chacón / ICAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, preside la reunión de la Mesa del Lobo de Castilla y León. / Miriam Chacón / ICAL

Cabe recordar que han sido más de dos las categóricas sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tumbando los planes autonómicos de caza del lobo ibérico al norte del Duero, una de las cuales incluso ha sido refrendada por el Tribunal Supremo al rechazar el recurso de la administración autonómica, aceptando que las batidas pueden causar "perjuicios irreparables" en la especie en la zona. De este modo, quedó anulado el llamado Plan de Gestión del Lobo, como reclamaba en una batalla legal de años la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).

En un primer momento, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hizo oídos sordos. Llegó a regular en 2018 sus batidas con una nueva Orden Anual de Caza. Posteriormente incluso avanzó que dejaría que los propios ganaderos pudieran obtener licencias de caza para disparar contra este animal, argumentando un criterio de autodefensa. Y ahora es cuando el consejero quiere que el control con disparos contra ellos parta de los gestores de cotos de caza, ya sean privados o públicos, como entidades locales.

Otra reciente denuncia, por emisiones en el Bierzo

La nueva ofensiva judicial, esta vez vía Fiscalía, contra esta política de la Junta de Castilla y León es un paso más al pulso  que los lobos y Suárez-Quiñones mantienen. Y no es el único frente judicial: esta semana se ha conocido la denuncia que igualmente ha interpuesto personalmente contra él por la Plataforma Bierzo Aire Limpio, que denuncia al consejero de Fomento ante la Fiscalía de Medio Ambiente por su "pasividad" ante una serie de escapes presuntamente tóxicos ocurridos en los últimos años en la empresa Cementos Cosmos de Toral de los Vados, en la comarca del Bierzo.

JCyL / ICAL
JCyL / ICAL
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