Castilla y León abre el curso político bajo la amenaza de elecciones anticipadas y otra moción de censura

Alfonso Fernández Mañueco, este martes en las Cortes de Castilla y León. / Dos Santos / ICAL

Laura Cornejo / elDiariocyl

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se debate entre asumir una nueva moción de censura del PSOE en marzo o evitarla mediante un adelanto electoral en cuestión de meses. Está en una ratonera. El gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos difícilmente llegará a final de legislatura. Según confirman fuentes del PP a elDiario.es, Mañueco convocará elecciones si lo hace su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, que ya sufre un bloqueo de su acción de gobierno por parte de Vox, que ha roto su alianza de apoyo al gobierno andaluz (también formado por PP y Ciudadanos) dejándole, de facto, sin una mayoría parlamentaria que obtenía gracias a la ultraderecha. Ambos buscan ese efecto Ayuso (que adelantó elecciones librándose de Ciudadanos y sin tener que pactar con Vox) que no es tan fácil fuera de la Comunidad de Madrid.

Mañueco y Moreno tienen una situación similar. El pasado mes de marzo una moción de censura de los socialistas en Castilla y León arrebató no el gobierno, pero sí la mayoría parlamentaria, cuando días antes del debate una diputada de Ciudadanos, María Montero, abandonó el grupo parlamentario para pasar al grupo de no adscritos. Pudieron ser más, pero bastó la salida de Montero para que esa moción no fuese del todo inútil para el PSOE. El error fue que la firmaron los 35 procuradores socialistas aunque bastaba con un 15% de la cámara, que consta de 81 escaños. El PSOE pudo presentarla con la rúbrica de 13 de sus 35 parlamentarios. De haberlo hecho, se habría asegurado presentar una segunda moción en el momento que quisiera, firmada por otros 13 distintos, ya que el reglamento de las Cortes de Castilla y León prohíbe que se presente una moción firmada por quienes hayan presentado otra antes de que transcurran 12 meses. Así, las cosas, los socialistas tienen que esperar ese plazo de un año para intentar tumbar, de nuevo, el Gobierno de Castilla y León. El plazo de prohibición expira el 10 de marzo. A partir de esa fecha, el PSOE tiene vía libre para actuar y es más que probable que lo haga. Sólo necesitaría tres deserciones de Ciudadanos y sus escaños están de saldo.

Una apertura de curso sin proyectos

El pasado lunes Mañueco comparecía ante la prensa para presentar el nuevo curso político. No realizó un solo anuncio, no se refirió a ningún proyecto, y se limitó a exigir al Gobierno central, entre otras cosas una reunión con el presidente Pedro Sánchez. Sí que lanzó un mensaje que ha irritado a sus socios de Gobierno. “Mientras yo sea presidente, no se cerrará un sólo consultorio rural”, advirtió tras ser preguntado por la prensa. La Consejería de Sanidad, en manos de Ciudadanos, inició la legislatura con un plan que se vio interrumpido por la pandemia y que se retoma ahora: la reforma de la atención primaria en el medio rural, y que pasa por crear centros médicos de referencia que den servicio a varios pueblos, dejando los consultorios cerrados. También 'ofreció' a todos los grupos de la oposición un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, porque necesita al menos uno de sus votos para conseguirlo. No le queda otra.

Mañueco no presentó un plan porque no lo tiene: su horizonte está en noviembre o diciembre, momento idóneo para ese adelanto electoral. Entre sus motivaciones, no está solo la amenaza de una moción de censura, también es consciente de que las encuestas pueden dejar de ser favorables para él. Teme que la comisión de investigación de las residencias de ancianos, cuya puesta en marcha se está ralentizando más de lo razonable, ponga en duda la gestión de la pandemia de la que se presume en la Junta. Los protocolos publicados por elDiario.es demuestran que el Gobierno autonómico ordenó no derivar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia, entre marzo y abril de 2020. Se escudaron en una “hospitalización a domicilio” en las residencias que no era real porque, tal y como publicó este diario, tras poner en marcha ese sistema de visitas médicas, muchas residencias tenían ancianos infectados de la covid y sin tratamiento porque los médicos no iban. Murieron más de 4.000 sin pisar un hospital. Hasta el momento, la Junta sólo ha dado el dato global de derivaciones a los hospitales y se niega a facilitar el del periodo en que estaban vigentes los documentos.

Movimientos de 'ciudadanos' para pasar a ser 'populares'

El presidente de Castilla y León dejó de estar cómodo con Ciudadanos hace muchos meses y con el partido de Inés Arrimadas en caída libre, su socio no es más que un peso muerto que merma su popularidad. Las restricciones por la covid no han funcionado como era de esperar y la Comunidad ha estado entre las tres más afectadas en cada una de las cinco olas, a pesar de las duras medidas que se impusieron, desde un toque de queda ilegal un día antes del estado de alarma, a otro con pirueta legal, jugando con el concepto del ocaso, que el Supremo suspendió cautelarmente, pasando por un cierre de la hostelería detrás de otro.

Durante este verano algunos procuradores y cargos orgánicos de Ciudadanos se han movido para asegurarse el escaño o el cargo de confianza. Quieren integrarse en las listas del PP, pero no han dejado de lado al PSOE, porque pretenden asegurarse un futuro más allá de mayo de 2023, que es cuando acaba la legislatura. Tal y como confirman fuentes del PP, Génova ha cerrado las puertas a al menos un alto cargo del Gobierno que pretendía integrarse en sus filas.

Y mientras la intención de Mañueco cristaliza o se disuelve, al menos una facción del PP de Castilla y León se frota las manos vaticinando que, o bien el presidente no conseguirá los resultados esperados si convoca elecciones antes de que acabe el año, o que acabará despojado de todo poder si hay una segunda moción de censura.

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