BUEN GOBIERNO

Más de la mitad de Ayuntamientos en León siguen sin cumplir nada de la Ley de Transparencia

El 53% de los alcaldes de la provincia siguen incumpliendo la legislación de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al permitir que sus páginas web municipales no suban ni un sólo dato de Transparencia; ILEÓN vuelve a repasar el cumplimiento de esta legislación después de dos años, comprobando que, al menos, los municipios que sí intentan informar al ciudadano han pasado de 27 a 98, aunque sólo 49 tienen datos con una mínima calidad según los criterios de la normativa.

Gráfico Dativo Ley de Transparencia en municipios de la provincia de León en 2018
Jesús López de Uribe | Juan Pedro Castaño Infografías: Dativo | 12/11/2018 - 09:18h.

La mitad de las administraciones municipales de la provincia de León ni siquiera se molestan en cumplir lo mínimo de la Ley de Transparencia. Un 53,5% de ayuntamientos (113 de 211) no aportan un sólo documento de los que exige la normativa de Acceso a la Información y Buen Gobierno tanto estatal como autonómica.

Ésto, que es un dato bastante poco edificante cuando se habla de cumplir la Ley, paradójicamente es un ligero avance respecto a lo que constató ILEON.COM en septiembre de 2016, cuando nueve de cada diez no cumplían para nada las obligaciones de Transparencia. Una serie de políticas mencionadas de paso en la Constitución Española de 1978, pero que en la actualidad fomenta la Unión Europea como Gobierno Abierto poniéndola como ejemplo por ser la mejor herramienta para controlar no sólo el gasto público, sino evitar la corrupción con un monitoreo constante de las decisiones de los políticos y la actividad de los funcionarios y empleados públicos.

En total en la revisión de 2018, de los 211 municipios de la provincia, 98 sí que intentan cumplir con los preceptos de aportar información de todo tipo a sus ciudadanos. Documentos que deberían ser como mínimo las normativas y ordenanzas, las declaraciones de bienes de sus concejales, sus currículums, las actas de los plenos, los anuncios de empleo público municipal, información sobre los proyectos de obra, los presupuestos anuales, los informes de viabilidad económica y de media de días de pago de factura, a quién se conceden las subvenciones y los gastos municipales en obras mayores y menores, entre otras como el inventario de los bienes municipales.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce: justo la mitad de estos ayuntamientos que se puede decir que hacen 'al menos algo' para cumplir la normativa de Buen Gobierno aportan unos datos de tan baja calidad, que prácticamente podría decirse que no hacen más que un interesado paripé como ocurre, por ejemplo, con Hospital de Órbigo. O lo que es peor, con Candín, que el único documento que sube es el Edicto de Cobranza Voluntaria; como si fuera un mal chiste para reírse de sus vecinos.

Ligera mejoría respecto a 2016

Aún así las cosas en estos dos últimos años experimentan una ligera mejora respecto a septiembre de 2016. En aquel año cuatro ayuntamientos de la provincia no tenían web y en la actualidad sólo son tres (Escobar de Campos, Pajares de los Oteros y Villaornate y Castro) después de que Urdiales del Páramo sí la pusiera activa. Lástima que no aprovechara la oportunidad y pese a que sí ha activado su Portal de Transparencia (porque ha activado el modelo de página web que ofrece la Diputación de León), no ha subido dato alguno.

Otros 19 ayuntamientos no tienen siquiera Portal de Transparencia (en 2016 eran 50) y respecto a los que sí disponen de Portal de Transparencia, el número ha aumentado de 157 a 198, aunque varios de ellos lo hacen de forma torticera, ya que no indican en la portada de su web de forma clara las palabras 'Portal de Transparencia', requisito necesario según todos los expertos para facilitar al ciudadano la búsqueda de información.

No es suficiente subir información en el Perfil del Contratante de la web, ya que estos datos —que son obligatorios aún con más fuerza que los de Transparencia ya que los alcaldes incluso se jugarían una condena judicial por no anunciar las licitaciones de obras— son para las empresas. Tampoco es una buena práctica incluir este apartado de acceso a la información dentro de la Oficina Virtual o Sede Electrónica —que deben ser dedicadas a los papeles y formularios que tienen que presentar los ciudadanos para solicitar cualquier cosa, desde el Padrón hasta las licencias de obras o ambientales— ya que se considera que es una forma de esconder al ciudadano la Transparencia.

Un ejemplo de ello es Sobrado. No se puede encontrar la sede electrónica en la portada de su página web, o se sabe que existe o no se encuentra porque hay que buscarla a posta para acceder a ella. No se entiende el por qué complicar la vida a los habitantes de este municipio más que pensando mal.

Es decir, la práctica adecuada es disponer un enlace claro y visible en la portada de la web municipal para que los vecinos puedan encontrar las carpetas de los documentos públicos en un máximo de tres o, como mucho, cuatro clics. El 'esconder' el Portal de Transparencia en la Oficina Virtual es un punto negativo en Transparencia, ya que obliga a 'investigar' y el pretender que el Perfil del Contratante es suficiente para cumplir con los requisitos de Buen Gobierno es un engaño directamente.

También ha aumentado de forma sensible desde la nefasta revisión que ILEÓN efectuó hace dos años los ayuntamientos que sí han colgado al menos un dato de Transparencia. Han pasado de 27 a 98, multiplicándose por más de 2,6 veces este número.

Pese a todo, el dato que parece bueno no lo es tanto: la mitad tienen un déficit mayúsculo en la calidad de los datos subidos a estas secciones. Muchos de ellos han subido un sólo documento, que además no tiene casi ningún interés; y la gran mayoría de estos 49 parece más bien que hayan cumplido por aparentar que lo hacen que por otra cosa.

Esto en una serie de documentación que es no sólo obligatoria, sino vital para que pueda funcionar cada Ayuntamiento y que los funcionarios y secretarios municipales tienen en sus carpetas de los ordenadores y sólo tendrían que subirlos una vez compulsados al servidor web. No se puede calificar el que no estén subidos a disposición de todo el mundo más que de desidia administrativa.

Sólo 49 'trabajan' la Transparencia, y ninguno la cumple

En realidad, de los otros 49 ayuntamientos de estos 98 que sí podría decirse que no están engañándose a sí mismos y a los vecinos con la Transparencia, el cumplimiento de esta legislación es muy irregular, no cumpliendo ni uno solo con todos los preceptos que marcaron los legisladores para facilitar al ciudadano el control público de su Administración Municipal.

Lo que sí tienden a cumplir estos 49 ayuntamientos (menos del 25% del total provincial) es la cumplimentación de información sobre sus presupuestos y el tiempo medio del pago a empresas y autónomos (pero no las cantidades a cada una), además de urbanismo y Medio Ambiente. Más o menos la que podría indicarse como información 'social' propia de la vida misma. Pero por ejemplo sobre la información de los concejales sí que se indican sus currículums, pero cuesta mucho más encontrar las declaraciones de bienes obligatorias a la entrada y salida de su cargo, o cuando tienen un cambio notable en su patrimonio.

Los que mejor lo hacen: Mansilla Mayor y La Bañeza

Aunque la nota general es un suspenso bastante evidente (es incomprensible que más de la mitad de los municipios 'pasen' de informar a sus ciudadanos cumpliendo la Ley de Transparencia, y que dos terceras partes tengan nula o escasísima información), sí que hay algunos ayuntamientos que destacan entre los que intentan cumplir la Ley de Transparencia.

El más pequeño, y que ya obtuvo el reconocimiento de ILEÓN en septiembre de 2016 es Mansilla Mayor. Es sorprendente que en un municipio con 340 habitantes su alcalde (José Alberto Martínez Llorente, del PSOE) se tome tanto interés en subir las actas de los plenos (e incluso vídeos de los mismos), las ordenanzas y reglamentos, el presupuesto municipal y los convenios y colaboraciones. Pero no aprueba por varias razones: sería aconsejable que dispusiera los pagos a empresas y autónomos por los gastos en servicios municipales y obras, y también que dispusiera información de las subvenciones y los pagos a medios de comunicación por publicidad institucional. Los vecinos tienen derecho a saber qué se gasta de los dineros municipales y quiénes reciben, y por qué, cada cantidad abonada. Un borrón muy importante que le impide el aprobado.

Esto sí que lo hace el otro Ayuntamiento que merece que se destaque su esfuerzo en cuestión de Transparencia. Y es el de La Bañeza, dirigido por otro socialista, José Miguel Palazuelo. Éste sí informa cada trimestre en su web de todos y cada uno de los gastos y pagos: en la sección contratación tienen los datos de los 13 últimos trimestres de contratos menores con toda clase de abonos, desde los más pequeños a los grandes. Además destaca por tener una ejemplar declaración de bienes de los concejales que forman la Corporación indicando (no lo hace casi nadie) lo que tenían los ediles en sus cuentas corrientes y la valoración de sus productos económicos cuando tomaron posesión de sus cargos.

En La Bañeza han subido 202 documentos, de los cuales muchos de ellos tienen que ver con cuestiones económicas; lo que constituye una cantidad admirable y una excepción más que notable en la provincia de León para un municipio de 10.450 habitantes. Sin embargo no puede aprobar. No tiene un enlace directo al portal de Transparencia y utiliza el truco de meterlo en la Sede Electrónica. Cualquiera que no lo sepa se puede volver loco para encontrar esos datos. Y además deben tener cuidado con su servidor, han estado a punto de suspender con un cero porque en la investigación realizada su web ha estado caída cuatro de las cinco veces que se ha entrado a comprobarla.

Preocupante falta de información de los gastos y pagos a empresas con dinero público

El mayor problema que se puede encontrar en los portales de Transparencia de los municipios de la provincia de León es la falta de información sobre los gastos en bienes y servicios. Es, con diferencia, la información que más se resisten a dar los municipios leoneses —llegando a casos sangrantes de borrar las de tres años pasados como llegó a hacer con todo el descaro el Ayuntamiento de León mientras se vanagloriaba en que tenía sobresaliente en Transparencia en una autoevaluación bastante indulgente y propagandística— la de los pagos en gastos, bienes y servicios con el dinero de todos los vecinos.

Los servicios económicos de la administración municipal de la capital leonesa están comportándose de forma muy opaca intentando evitar a toda costa no sólo dar la razón a quien pida cualquier gasto, sino que ya ha recibido hasta una amonestación del Comisionado de Transparencia de León por no entregar la documentación pública sobre su contabilidad tras fallar a favor de la petición de un ciudadano. Hay que recordar que cualquier persona, sin necesidad de ser español ni ser mayor de Edad puede pedir a su Ayuntamiento en qué se ha gastado el dinero de todos los vecinos o ciudadanos en cualquier cosa como ya se informó desde ILEÓN en este manual con instrucciones para pedir a tu alcalde los gastos de las fiestas y de todo lo demás.

Al parecer eso de andar explicando en qué se se gasta el dinero de las arcas municipales fastidia muchísimo a los políticos y los funcionarios, hasta tal punto de que los cuatro ayuntamientos más grandes de la provincia (Ponferrada y Villaquilambre incluidas) no publican todos los pagos a todas las empresas en sus páginas de Transparencia; es más, Villaquilambre ni tiene página de Transparencia, quizás el caso más clamoroso de todos los de la provincia.

Eso, obviamente, impide que los ciudadanos puedan cumplir uno de los preceptos de la legislación en Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: que puedan ejercer funciones de control y fiscalización de la política del gasto en las administraciones públicas. Lo cual es una de las peores consecuencias de que no se cumpla con esta legislación, vital para la salud democrática de un país y que fomenta la Unión Europea de forma constante.

Sobre todo sorprende la resistencia mayúscula de los secretarios municipales, que no de los interventores, a dar una información que reiteradamente los defensores de la Transparencia, el Comisionado del ramo en Castilla y León y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han dicho que es obligatoria dar al ciudadano una vez la solicite. Es increíble que con resoluciones bien contundentes sigan negándose a dar este tipo de información, aún jugándose el puesto durante unos años por una posible vulneración de Derechos Cívicos que puede llegar a inhabilitación para ejercer cargo público.

Municipios que destacan, para bien... y para mal

Finalmente otros Ayuntamientos a destacar, aunque con falta de información en pagos en gastos y servicios, son: Cistierna y Cuadros (curiosamente el que gobierna el ex presidente de la Diputación detenido y encarcelado durante dos meses por corrupción en la Operación Púnica). San Andrés del Rabanedo también ha pasado de no tener Acceso a la Información alguno a un Portal de Transparencia con información bastante escasa y, por supuesto, nada de eso de explicar en qué se gasta todo el dinero público; aunque tiene un listado de 13-14 obras por año para cubrir el expediente.

Por último Valencia de Don Juan, el municipio del que es alcalde el presidente de la Diputación Juan Martínez Majo, ha pasado de no tener portal de Transparencia a intentarlo colocando un enlace al Portal de Transparencia en la portada de su web municipal e introduciendo información variada; un paso adelante a destacar aunque le falte mucha información económica que permitiría a sus vecinos hacer un control del gasto público que se efectúa por parte del Equipo de Gobierno del PP.

En el gráfico de aquí debajo, se puede consultar por cada ayuntamiento cómo van cumpliendo con la Ley de Transparencia. Aunque para ILEÓN ninguno aprueba porque no cumple completamente la Ley, ciertamente es de destacar que desde hace años algún avance se ha hecho. Aunque queda casi todo por hacer, ya que se deben a los ciudadanos y deben ser transparentes porque este camino evita las malas actuaciones con dinero público.

A más opacidad, como se pudo comprobar en la Operación Enredadera, más facilidad de que la corrupción campe a sus anchas en los políticos más cercanos a los ciudadanos.

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