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OPERACIÓN ENREDADERA

Las siete similitudes 'Enredadera' entre el exalcalde de Villaquilambre y la alcaldesa de San Andrés

Manuel García, ya exregidor del cuarto municipio de la provincia y la, todavía, alcaldesa del tercero, María Eugenia Gancedo, fueron detenidos el pasado 3 de julio en la operación contra la corrupción municipal en dos casos unidos y clavados como gotas de agua, según la UDEF y la Fiscalía.

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Gancedo (San Andrés del Rabanedo, PSOE) y García (Villaquilambre, PP). / Fotos ICAL
A. Vega | 10/09/2018 - 14:29h.

La operación 'Enredadera' sigue este mes de septiembre su curso judicial dividida, hasta el momento, en cinco causas diferentes que se siguen en los juzgados de Badalona, León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero. En la sede catalana se sigue la investigación vinculada con contratos relacionados con la gestión del tráfico, en las que se incluyen los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.

Precisamente estos dos últimos consistorios, tercero y cuarto en población en la provincia, están inmersos en una causa común, con presuntas irregularidades cometidas de forma común y con unos cuantos protagonistas también comunes. Como consecuencia política de momento en Villaquilambre se ha cambiado de alcalde, cesando por una moción de censura la 'popular' Manuel García para darle la alcaldía al PSOE, mientras que en San Andrés ya se negocia otra similar para también echar del principal sillón municipal a la regidora, la socialista María Eugenia Gancedo.

La investigación entre ambos consistorios parte de un tronco común hasta el punto de que en el sumario se asegura que "los amaños en San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre se van realizando, avanzando en la confección de pliegos, donde son diversas las conversaciones intervenidas a los investigados sobre la colocación de aforadores, para analizar la densidad de tráfico y cumplir con ese requisito que se colocará en los pliegos del concurso a realizar en un plazo demasiado corto para los licitadores, y que la trama corrupta ya tiene elaborado fruto de la colocación de dichos aforadores (incluso simulando dicho servicio como contratos menores, no existiendo la publicación en la página web de los Ayuntamientos)".

La situación de ambos políticos en la trama 'Enredadera' es muy similar y aquí resumimos los innegables paralelismos entre uno y otra.

1. Detenidos

El 3 de julio de 2018 tanto María Eugenia Gancedo como Manuel García fueron detenidos en el marco de la operación contra la corrupción. En el caso de la alcaldesa del PSOE la UDEF acudió a su casa a primera hora de la mañana, tal y como señalaba el auto judicial, para ser posteriormente trasladada al Ayuntamiento para el registro. Después de su no declaración en Comisaría, fue puesta en libertad. En el caso del alcalde de Villaquilambre su detención se produjo en las instalaciones municipales de Villaquilambre, siendo trasladado luego a Comisaría y puesto en libertad pocas horas después.

Sobre la detención de García han asegurado que la misma pudo ser "ilegal" al ser el exalcalde procurador en las Cortes autonómicas, y por tanto su detención sólo puede producirse cuando haya un "flagrante delito". En el caso de la regidora de San Andrés aunque desde el consistorio informaron que la detención fue "policial" la realidad es que fue ordenada por el juez del caso, tal y como figura en el auto motivado del 2 de julio.

2. "Investigados"

El mismo auto del 2 de julio que daba inicio a la operación 'Enredadera' les señala a ambos de forma inequívoca como "investigados", que es el equivalente a la antigua figura judicial de imputado. El abogado de ambos, el también Decano del Colegio de León Fernando Santocildes, ha puntualizado que ninguno de los dos ha recibido, a fecha presente, citación judicial como "investigado", momento que interpreta les convertiría en 'imputados', aunque reconoce que han sido objeto de investigación en la causa.

La instrucción judicial de las causas sigue con la aportación de pruebas e informes por parte de la UDEF, tras los registros efectuados el 3 de julio. En la pieza de León los 3 citados como 'investigados', al margen de los detenidos, han visto retrasar sus comparecencias hasta que se de traslado a las parte de las grabaciones telefónicas que dieron lugar al caso.

3. Grabados

Ni María Eugenia Gancedo ni Manuel García han visto intervenidos sus teléfonos en la operación 'Enredadera', al menos según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico y de acuerdo a su defensa. Del exalcalde de Villaquilambre no sale ninguna grabación directa identificada de interés para la investigación que la UDEF hasta transcrito.

De la alcaldesa de San Andrés hay una conversación con el empresario cabecilla de la trama, el encarcelado José Luis Ulibarri, en la que se cita con él para tomar un café, tal y como avanzó ILEÓN. Según la UDEF ese café era para hablar de un jugoso contrato de digitalización municipal, que el consistorio ha señalado se adjudicó a una empresa sin relación con la trama corrupta. Gancedo ha reconocido el café pero ha asegurado en un pleno extraordinario que fue para hablar de temas "dentro de la legalidad", cuestionando la interpretación de la UDEF obtenida de otras conversaciones de terceros.

Lo que sí abunda en el sumario son grabaciones de los principales encausados en la trama, como los encarcelados empresarios Ángel Luis García 'El Patatero' o Roberto Legazpi, en las que hablan de que ambos colaborarán para facilitar contratos de forma presuntamente irregular a empresas vinculadas a ellos.

Detalle de las ordenes de registro del auto judicial en San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, con ambos alcaldes como "investigados".
Detalle de las ordenes de registro del auto judicial en San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, con ambos alcaldes como "investigados".

 

4. Lo que el Fiscal opina

En un informe del 29 de junio el Fiscal asegura en relación con San Andrés y Villaquilambre, de forma textual e idéntica, que "en relación al municipio de no cabe sino afirmar que los indicios hasta la fecha obtenidos acerca del grosero proceder de los investigados resultan sencillamente aplastantes".

Sobre San Andrés asegura que "las conversaciones interceptadas habrían revelado que los responsables de GESPOL, ayudados por D. Ángel Luis García y D. José Luis Ulibarri, habrían obtenido, gracias a las poderosas influencias ejercidas por estos últimos, la sistemática revelación de información privilegiada en relación a distintos contratos administrativos, así como la irregular adjudicación de distintos contratos". Abunda en que "ninguna duda existe de que para lograr sus ilícitos propósitos, los empresarios investigados habrían venido contando durante meses con la reiterada ayuda de la Alcaldesa Dña. María Eugenia Gancedo García, de los concejales D. Miguel Ángel Flórez Alcoba, D. Francisco Javier Gómez y D. Santiago Blanco Sacristán, con la del Secretario municipal, la del técnico municipal D. José María Pérez Martínez, así como en menor medida, con la del Interventor municipal.

En relación a Villaquilambre se pronuncia en similares términos: "Así las cosas, los responsables de GESPOL, con la ayuda de D. Ángel Luis García y D. José Luis Ulibarri, así como también con la de D. Sadat Maraña y D. Juan Carlos Fernández, habrían logrado que varias autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Villaquilambre, singularmente el alcalde D. Manuel García Martínez, la concejal Dña. Mónica Varón Valle y el informático municipal D. Jesús de Celis de CelisDE, les revelaran sistemáticamente información privilegiada en relación a diversos contratos administrativos, concertándose con ellos al objeto de lograr la irregular adjudicación de varios de esos contratos, todo ello (en claro perjuicio del erario público asimismo, visto el modo de proceder de aquellos al impedir la pública concurrencia".

5. Ciudadanos de por medio

Es uno de los puntos más llamativos de la investigación, la presunta participación en la influencia en los contratos de Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo de los dos miembros de Ciudadanos, ya expulsados, que fueron detenidos en la trama, el concejal y diputado provincial Juan Carlos Fernández y el asesor Sadat Maraña.

Tanto la UDEF como la Fiscalía les señalan a ambos como ejecutores de presiones para la obtención de contratos para la trama "con abuso de las funciones que les resultan propias como cargos electos del partido político Ciudadanos tal y como revelan las conversaciones referenciadas".

En el caso de San Andrés se les atribuye además "que las influencias de estos llegaron hasta el extremo de condicionar la aprobación del Plan Económico Financiero de San Andrés del Rabanedo a la adjudicación de contratos administrativo en favor de los empresarios investigados, actuación que supone un grosero y total torcimiento de en el ejercicio de la función pública".

6. El técnico que une Villaquilambre y San Andrés

La Fiscalía y la UDEF señalan al técnico municipal de San Andrés, José María Pérez Martínez, como el nexo de unión entre la corrupción de ambos ayuntamientos. Si bien "aparece como técnico municipal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, éste también habría tenido una activa intervención en el ilícito proceder de los responsables de GESPOL ante el Ayuntamiento de Villaquilambre, a causa de trabajar su esposa en dicho Ayuntamiento". La mujer del técnico es concejal en el consitorio del Alfoz de León.

7. Delitos que se les atribuye

La Fiscalía atribuye a María Eugenia Gancedo, y a los concejales Miguel Ángel Flórez, Santiago Blanco y Francisco Javier Gómez, "la ejecución de los delitos de: inducción a la prevaricación administrativa y prevaricación administrativa (art. 404 Cp), uso de información privilegiada (art. 442 Cp), malversación de caudal,es públicos (art. 432 Cp), fraude a la Administración pública (art. 436 Cp), tráfico de influencias (art. 418 Cp), y cohecho (art. 419 Cp)."

En el caso de Villaquilambre los delitos son prácticamente los mismos, al imputar a Manuel García y la concejala Mónica Varóns "la ejecución de los delitos de: prevaricación administrativa (art. 404 Cp), uso de información privilegiada (art. 442 Cp), malversación de caudales públicos (art. 432 Cp), fraude a la Administración pública (art. 436 Cp), tráfico de influencias (art. 418 Cp), y cohecho (art. 419 Cp)". Exactamente los mismos que en San Andrés.

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