Macrooperación contra la corrupción en León, Astorga y otros municipios por contratos irregulares
Operación policial de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha realizado durante la mañana de este martes registros en decenas de ayuntamientos de España por contrataciones irregulares, en concreto una red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de algunos sistemas de ordenación de tráfico. Los registros, relacionados con una empresa informática barcelonesa que se quedaba con servicios informáticos como los semáforos o la gestión de las multas y noticificaciones, se ha saldado, hasta el momento, con más de una docena de detenciones.
Se investiga una red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de semáforos y gestión de multas
De esta forma, la Policía Nacional ha procedido a registrar este martes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, más de una veintena de registros en municipios de toda España en relación con la empresa Aplicaciones Gespol (de Valoriza Servicios Medioambientales) por la adjudicación de contratos administrativos vinculados a la gestión policial local, entre los que se encuentran los relativos a la gestión de multas y regulación del tráfico a través de semáforos.
Entre los registros destacan los ayuntamientos de León, San Andrés, Astorga, Villarejo de Órbigo y San AndrésAstorgaVillarejo de ÓrbigoVillaquilambre, en la provincia leonesa, y otros españoles como Palencia, Fuenlabrada, Mollet del Vallés o Tiana, en Barcelona. En el consistorio leonés, desde primera hora de este martes, la Policía Nacional vigila la entrada y salida de personal.
Políticos y técnicos detenidos por la Policía
En el caso del Ayuntamiento de Villaquilambre están detenidos por la Policía el alcalde, el 'popular' Manuel García; la concejala Mónica Varón y un técnico municipal. Todos ellos han sido escoltados por los agentes del Ayuntamiento del municipio a dependencias policiales.
Así, en San Andrés del Rabanedo la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, el concejal socialista Santiago Blanco, y el edil también socialista Miguel Flórez han sido detenidos por la Policía y han abandonado el edificio Consistorial en vehículo policial. Así, también podrían haber sido detenidos el concejal del PAL Francisco Gómez y el concejal de Ciudadanos Juan Carlos Fernández, aunque este extremo no ha sido confirmado de forma oficial.
También se han producido traslados a Comisaría en el consistorio astorgano. La Policía ha custodiado la salida del Ayuntamiento del alcalde, Arsenio García; el teniente alcalde, Pablo Peyuca González; el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz; y el concejal de Deportes, Javier Guzmán. Todos ellos han sido trasladados por la UDEF.
Del mismo modo, se encuentran detenidos por la Policía el empresario leonés José Luis Ulibarri y el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña, dos de los primeros nombres en salir a la luz como implicados en la macrooperación contra la corrupción por adjudicaciones de contratos en materia de seguridad vial.
El alcalde de Villarejo de Órbigo, el socialista Joaquín Llamas también ha abandonado dependencias municipales acompañado por los agentes para prestar declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Astorga.
Despachos precintados en el Ayuntamiento de León
Entre los despachos precintados en la sede de Ordoño II y que se van a registrar están el del concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benido, y viceportavoz del equipo de Gobierno del PP, tal y como se acredita en la imagen de esta información. Se encuentra ubicado en la sexta planta, que ocupa de forma habitual del equipo de gobierno municipal de turno. Además otros despachos de altos funcionarios están también precintados, según ha podido conocer este periódico, y entre ellos el del arquitecto Miguel Martínez Puente.
De momento no se conoce si se ha producido alguna detención en el consistorio leonés.
San Andrés del Rabanedo
El tercer municipio de la provincia de León es uno de los epicentros de la investigación contra la corrupción, donde desde primera hora de la mañana se efectúan registros y concejales de PSOE, PAL y Ciudadanos asisten a los mismos, además de haberse detenido a un técnico.
Fuentes cercanas del Ayuntamiento han informado que la primera planta del Consistorio, gobernado por PSOE-PAL, ha sido desalojada, mientras se están produciendo varios registros, en presencia de la alcaldesa María Eugenia Gancedo, el concejal del PAL Francisco Gómez, el concejal socialista Santiago Blanco, el edil también socialista Miguel Flórez y el de Ciudadanos Juan Carlos Fernández, sin haber sido confirmado ningún tipo de actuación contra ellos. Las mismas fuentes sí que han asegurado la detención de un técnico del Ayuntamiento de San Andrés.
Villaquilambre
El municipio del alfoz de León, gobernado por un cuatripartito encabezado por el PP, es otro de los municipios afectados dentro de esta operación contra la corrupción política por amaños de adjudicaciones fraudulentas de semáforos y gestión de multas. Allí se han producido registros e interrogado a técnicos y políticos, entre los que se encuentran el alcalde Manuel García y la concejala del área de un contrato investigado.
Astorga y Villarejo
En Astorga, gobernado por PP y PAL, también crece la presencia policial, mientras algunos agentes registran el consistorio de la localidad leonesa, ubicado en la plaza de España.
Además, coincide que este martes en la ciudad maragata es día de mercado y uno de los días con más afluencia por la zona.
El otro municipio de la zona afectado por la investigación contra la corrupción es Villarejo de Órbigo, gobernado por el PSOE, donde también se ha efectuado un registro reclamando documentación sobre contratos municipales.
Ulibarri y Maraña, detenidos
Entre los ya detenidos por la Policía se encuentran los nombres del ejecutivo berciano Miguel Manovel, uno de los colaboradores más estrechos del empresario José Luis Ulibarri, también detenido, y el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña, tres de los primeros en salir a la luz como implicados en la macrooperación contra la corrupción por adjudicaciones de contratos en materia de seguridad vial.
La operación 'Enredadera' investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La actuación ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.
